El auto de la Audiencia Nacional que rechaza la medida cautelar solicitada por la Junta de Castilla y León para mantener vigente el convenio de integración ferroviaria de Valladolid supone, en la práctica, un duro golpe para buena parte de los proyectos previstos dentro del 'modelo' firmado y rubricado en 2017 entre el Ministerio de Transportes, en su momento de Fomento -representado por Adif y Renfe-, la Junta y el Ayuntamiento de Valladolid.

La resolución judicial avala de manera cautelar la decisión adoptada por Adif el pasado mes de diciembre de dar por resuelto el convenio de integración ferroviaria, al considerar que no existe base jurídica suficiente para mantenerlo activo mientras se resuelve el litigio de fondo. Además, entienden que obligar a las partes a seguir vinculadas al acuerdo supondría anticipar una decisión que todavía debe resolverse judicialmente.

Las consecuencias afectan directamente a varias actuaciones urbanísticas y ferroviarias que estaban ya listas para ejecutarse. Entre ellas figuran los proyectos de los pasos de Ariza, la remodelación del entorno de Arco de Ladrillo y la nueva conexión peatonal y ciclista entre las calles Unión y Pelícano, iniciativas incluidas dentro del desarrollo de la integración ferroviaria y que ahora quedan 'desiertas' tras la más que probable ruptura definitiva del convenio.

Se trata de proyectos que habían sido anunciados y diseñados para mejorar la permeabilidad entre ambos lados de las vías y reducir una de las principales 'barreras' urbanas de la ciudad. Sin embargo, el enfrentamiento institucional entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Valladolid, junto con la apuesta del equipo de Gobierno municipal por el soterramiento, ha terminado frenando su materialización. La Audiencia Nacional considera además que no existe una "voluntad concorde" entre las administraciones y que la medida cautelar solicitada por la Junta no resolvería los "patentes obstáculos" existentes entre las partes implicadas.

No obstante, el auto también deja claro que las actuaciones actualmente en ejecución o desligadas directamente del convenio seguirán hacia adelante. Es el caso de la nueva estación de trenes de Valladolid, uno de los principales proyectos ferroviarios previstos en la ciudad y cuya tramitación y obras continúan al margen de la disputa institucional. También avanzará la terminal de mercancías vinculada al desarrollo ferroviario y logístico de la capital. La resolución judicial sostiene precisamente que no existen indicios de una paralización inmediata de las obras ferroviarias ya iniciadas y recalca que muchas de ellas no dependen directamente de la entrega de terrenos contemplada en el convenio.

VALORACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

El 'conflicto' sobre el modelo ferroviario de Valladolid se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación política entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Valladolid. Mientras el Gobierno central defiende el modelo de integración ferroviaria pactado en 2017, el equipo de Gobierno encabezado por Jesús Julio Carnero mantiene su apuesta por el soterramiento integral de las vías.

Tras conocerse el auto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, acusó al alcalde de practicar un "boicot" contra la integración ferroviaria y advirtió de las consecuencias económicas que podría tener la disolución definitiva de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Herrero alertó de que los vallisoletanos podrían acabar asumiendo una "factura millonaria" cercana a los 42 millones de euros, recordando que esa fue la cantidad estimada en 2017 para liquidar la sociedad antes de optar por el modelo de integración ferroviaria.

"El boicot que el señor Carnero y la Junta de Castilla y León han sometido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para llevarla a la quiebra y su intento posterior de resucitarla para no se sabe muy bien qué, es un auténtico despropósito", afirmó el líder de la oposición. Además, Herrero aseguró que este auto judicial es el "cuarto varapalo" para el alcalde y la Junta y sostuvo que la única salida para revertir la situación pasa por "un cambio de gobierno el año que viene". El dirigente acusó también al Ayuntamiento de haber intentado "boicotear" proyectos como la nueva estación ferroviaria, que seguirá adelante, como se ha explicado anteriormente, pese al auto dictado por la Audiencia Nacional.