Lo avisó el Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en una entrevista concedida a TRIBUNA: "Si la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) se niega a tomar decisiones, a pesar de tener proyectos validados por el Ayuntamiento, procederíamos a una reflexión para saber para qué queremos esta sociedad". Dicho y hecho. Y esa reflexión a la que se refirió Santano, que estuvo este lunes en Valladolid, pasa a llamarse, si nadie lo remedia: disolución.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que es quien presidió la última reunión (salvo sorpresa) del Consejo de Administración de la SVAV, lo dejó claro. Al no alcanzar un acuerdo, que estaba incluido en el orden del día, en el apartado 'Deliberación y adopción de acuerdos para la convocatoria de una Junta General que acordase la disolución y la liquidación de la misma', será Adif quien solicite la celebración de esa reunión "con la finalidad de que se adopte el acuerdo de disolución".

¿Cómo? Hay dos formas que, de hecho, ya se han puesto encima de la mesa. La primera: que se disuelva sin tener que ir a los juzgados. La segunda: que un magistrado tome esta decisión en el Juzgado de lo Mercantil (donde el propio Puente pretende llevar este caso ante la más que posible falta de acuerdos en esa futura Junta General que tendrá que convocar, irremediablemente, Adif). ¿Hay marcha atrás? No parece que la haya o, al menos, sí la hay, tenían que haberla expuesto esta misma mañana cuando tanto Óscar Puente como Jesús Julio Carnero se han visto las caras. 

Es decir, si había alguna manera de evitar la disolución, era hoy. La única alternativa es que un juez no dé la razón al Ministerio de Transportes, y que se la dé al Ayuntamiento de Valladolid, que salvaría un matchball... nunca mejor dicho. Este hipotético escenario invitaría a Carnero a pensar que la deuda no se asumiría y que el convenio de la integración sigue adelante, pese a que esa, para él, no sea la mejor solución, al no incluir el soterramiento en ninguna de las opciones.

Es más, esa sería una de las consecuencias: "Ni integración ni soterramiento". O lo que es lo mismo en palabras de Puente: "Hasta aquí hemos llegado". Este supuesto caso no permitiría avanzar a la ciudad ni en un aspecto ni en el otro. No se desarrollarían pasos incluidos en el convenio de la integración ferroviaria como los de Ariza o la demolición de Arco de Ladrillo y tampoco, evidentemente, se pondría en marcha un futuro soterramiento, al que el alcalde se aferra por ser, entre otras muchas cosas, "el mandato" que le dieron los vallisoletanos en las pasadas elecciones municipales.

Con una deuda, según Puente, de 400 millones de euros, el Ayuntamiento de Valladolid no podría asumir ni la parte que le corresponde, aunque el ministro ya ha avanzado que presentarán "una propuesta de liquidación en función de los activos que reciba cada parte y la parte de deuda que le corresponde", por lo tanto "será el juez de lo mercantil el que diga qué parte pondrá cada uno". La cantidad, en este caso, no la podría soportar el Consistorio que vería con sus propios cómo el "proyecto estrella" de la campaña de su actual regidor se esfuma por completo.

Aun así, este último, que nunca ha tirado la toalla, no ve "causas legales" para disolver la SVAV, por lo que mantiene la esperanza de que esto no suceda. En cualquier caso, la situación no invita a pensar a que ambas partes salven la sociedad, algo que se podía intuir cuando, tras dos horas de (des)encuentro, ni uno ni otro se han puesto de acuerdo. Al ver lo que ha pasado, el procurador Francisco Igea registrará una solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las Cortes de Castilla y León para que detalle qué posición ha adoptado la Junta y por qué se ha llegado a la "disolución" de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

"Valladolid corre el riesgo de quedarse sin soterramiento, sin integraciones ferroviarias y sin las obras comprometidas", dijo el parlamentario, quien recordó que la Comunidad "tendrá que asumir la parte proporcional de una deuda cercana a los 400 millones de euros, lo que podría situar el impacto entre 100 y 200 millones para las arcas autonómicas sin retorno en inversiones", sentencia el ex de Ciudadanos.