El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dejado claro este lunes, 6 de octubre, tras la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) que va abrir la vía judicial para disolver la misma ante la "imposibilidad material" de desarrollar la integración ferroviaria en Valladolid, que es la "columna vertebral" del actual convenio. 

La posibilidad de disolución era uno de los puntos del orden del día, en concreto el tercero, que formaba parte de la reunión mantenida entre todas las partes involucradas (Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ADIF, y Renfe). En concreto, el punto se denominaba 'Deliberación y adopción de acuerdos para la convocatoria de una Junta General que acordase la disolución y la liquidación de la suya'.

Puente reconoce, en este sentido, que tampoco ha logrado alcanzar un acuerdo con Ayuntamiento y Junta para convocar la Junta General de la Sociedad Valladolid Alta Veloicidad "con la finalidad de que se adopte el acuerdo de disolución". Tanto el alcalde, Jesús Julio Carnero, como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, no ven "ninguna causa legal" para disolver la SVAV, por lo que al oponerse, según el ministro, será Adif quien solicitará la celebración de la Junta General. 

En caso de no acordar disolver la SVAV, Puente ha recalcado que promoverán "inmediatamente" el correspondiente procedimiento ante el Juzgado de lo Mercantil "para concluir con esta situación". "Es curioso. Quienes se oponen frontalmente a que avancemos en la integración, sostienen que la sociedad no tiene ninguna causa para disolverse y que cómo se os ocurre incluir esas cosas en el orden del día. El resumen es sencillo: hasta aquí hemos llegado, se acabó lo que se daba", reitera.

"Alguien quiere seguir bailando la danza del soterramiento, perfecto, pero no lo hará agarrado a nosotros. Lo podrá hacer solo, con los de la Mesa del Soterramiento, o con quien quiera. Con el Ministerio de Transportes, el baile no sigue. Yo no soy quien para decirle al alcalde cómo quiere hacer su ciudad. Esto se lo he recalcado 30 veces. Es libre que defienda el soterramiento, está en su derecho. Lo que no es de recibo es que, por un lado esté defendiendo el soterramiento, y por el otro forme parte de una sociedad que tiene como único objetivo integrar el tren en la ciudad, y se dedique a boicotearlo", añade.

Puente, además, ve "absolutamente legítimo que (Carnero) interprete los mensajes que le manda la ciudadanía cómo quiera", ya que tiene "una misión". "Lo que no puede ser es que nos obligue a pasar el juego cuando ya hemos constantado que lo que él dice no es posible. Se empeñó en que hiciéramos un estudio sobre la posibilidad de soterrar el tren en Valladolid, se hizo ese estudio con gran esfuerzo de los técnicos de Adif y no le sirvió. Encargó uno para analizar lo que habían ya analizado los técnicos de Adif y ahora ha encargado otro para hablar del soterramiento", incide.

CONSECUENCIAS DE UNA POSIBLE DISOLUCIÓN

El ministro vallisoletano, preguntado por las consecuencias que esta decisión puede generar a la ciudad de Valladolid, lamenta lo sucedido porque "es triste" que esto aboque a la capital del Pisuerga "a la nada" al no haber ni integración ni soterramiento. Por esa razón, apunta que ha instado al Ayuntamiento y a la Junta a que se adopten medidas "de mutuo acuerdo". "No tiene sentido que intenten forzar la máquina y que nos obliguen a ir a los tribunales para disolver algo en el que no hay acuerdo de permanencia. Si no quieren hacerlo, lo haremos nosotros con las iniciativas legales que correspondan", sostiene.

En este sentido, cree que se han cumplido, mínimo, dos "requisitos" para pensar en una posible disolución: "Los órganos societarios paralizan la sociedad. Hemos estado dos horas reunidos y no tenemos ninguna posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo. Y la sociedad no está en condiciones de cumplir el fin social para el que está concebida. La SVAV tiene una columna vertebral, que es el convenio de integración, que ahora ya es papel mojado".

Es más, anuncia que van a convocar "la Comisión de Seguimiento y a formular la correspondiente denuncia del convenio, que quedará resuelto". "Lo único que procede ahora es disolverla ordenadamente y liquidarla ordenadamente, y que hagamos un repaso de los activos y de los pasivos. Hay 400 millones de euros de deuda, tendremos que distribuirla, y que cada parte asuma la parte de responsabilidad que tiene. Todavía no sabemos cómo quedará Valladolid ante un escenario de disolución. Haremos una propuesta de liquidación en función de los activos que reciba cada parte y la parte de deuda que le corresponde. Será el juez de lo mercantil el que diga qué parte pondrá cada uno. No va a quedar bien la ciudad, y lo lamento, pero yo no gobierno Valladolid", sentencia.