Los empleados del Centro de Menores Zambrana de Valladolid reclamaron este martes, 20 de noviembre, a la Junta de Castilla y León y a la empresa gestora la adopción de medidas "eficaces" que permitan frenar las agresiones y devolver al centro su estatus de referencia en la atención a menores. Durante una concentración, los representantes sindicales insistieron en la necesidad de negociar con los propios trabajadores, considerados quienes mejor conocen la situación diaria del centro.

José María González, presidente del comité de empresa y delegado de UGT, criticó que las actuaciones implementadas hasta el momento "son ineficaces" y responsabilizó tanto a la empresa como a la Administración de haber generado una situación "totalmente insostenible". "Las condiciones de trabajo se han precarizado y el número de agresiones ha ido en aumento. No hay una respuesta contundente frente a estas amenazas y son los trabajadores los que, en la mayoría de los casos, deben denunciar, algo que muchos evitan por la exposición que supone declarar en un juzgado", señaló González.

El delegado subrayó que el Ejecutivo regional no puede limitarse a "echar balones fuera", ya que no se trata solo de un problema empresarial: la Administración es responsable de fiscalizar para que la empresa cumpla con sus obligaciones. Por ello, instó a sentarse con los representantes de los trabajadores para buscar soluciones reales y no invertir en medidas "ineficaces" que no abordan la raíz del problema.

Por su parte, Ana Román, delegada de CCOO, denunció que la situación se arrastra desde hace más de dos años y que la política de incorporar profesionales nuevos durante periodos cortos o personal de retén "no ha funcionado". Román destacó la pérdida de capital humano, ya que muchos trabajadores veteranos con más de 20 años de experiencia han abandonado el centro. "Si no entramos los trabajadores en la negociación, no vamos a llegar a ninguna solución", afirmó.

Los sindicatos reclaman, además, la profesionalización del sector y el cumplimiento de los ratios de personal establecidos en la licitación, advirtiendo que, de no hacerlo, la empresa deberá ser sancionada. Según los representantes, solo mediante la colaboración directa entre administración, empresa y trabajadores será posible garantizar un entorno seguro tanto para el personal como para los menores.