El transporte sanitario es un servicio que nunca termina de encajar en el marco sanitario del Siglo XXI. Ha dado muchas vueltas de campana en España sin lograr una estabilidad digna de un servicio importante. De hecho, tantas y tantas vueltas da, que ha llegado a un punto en el que nunca se sabe si es mejor lo malo conocido, lo bueno por conocer, volver al pasado a las historias de terror o, con positivismo, aspirar a un mundo más práctico.

Y es que en estos años las noticias sobre el transporte sanitario son tragedias sistemáticas. Desde ambulancias en mal estado que a duras penas arrancan, hasta el mal uso que se hace de un servicio gracias a la politización del mismo. Porque realmente, sí, la culpa principal de que no funcione reside en toda la ciudadanía por diversos motivos. Los principales son el uso en modo teletaxi, la creencia de que es buen político quien me da este teletaxi o, más sencillamente, obviar la inseguridad a la que uno se expone.

Es habitual que las autonomías concesionen el transporte sanitario a empresas privadas. Y estas, en su gran mayoría, han logrado una especie de oligopolio cruel donde asfixiar a la competencia que quiere mejorar. Tirar los precios, reventar los concursos a base de impugnaciones, formar una UTE para repartirse el pastel, etc. Y quien lo paga es, principalmente, su personal.

Siempre hay quien alega que la gestión privada es más eficiente, pero no saben explicar por qué no se aplica aquí (como en muchos otros ejemplos). Y siempre hay un político que aboga por la privatización en un sitio mientras promete un servicio público al 100% en otro. Y si a todo este complot se suman los expolíticos convertidos en empresas de ambulancias o de electromedicina, ya no hay mucho más donde rascar.

Esta semana las protestas en Castilla y León y Cantabria han sido noticia recurrente. "Las emergencias no son un negocio", decían los sindicatos frente a la Gerencia Regional de Salud en Valladolid. Por otro lado, la 1ª Teniente de Alcalde de Villanueva de la Cañada protagonizaba una intervención lamentable diciendo que los Técnicos de Emergencias "no pueden ni tocar al paciente", en respuesta a una crítica por la gestión de la ambulancia municipal.

Independientemente del debate que queramos elegir, decir que el personal de una ambulancia no puede ni tocar al paciente es promocionar el delito de omisión del deber de socorro, recogido en el artículo 195 del código penal. Una imprudencia por la que debería haber dimitido ya esta persona. No solo por ignorante, que lo es, sino por promocionar una actuación negligente de la que dan cuentas los partícipes, no ella.

El próximo domingo continuaré explicando más sobre el transporte sanitario, tipos, los sistemas de emergencias públicos, los privados, los concertados, etc. Incluyendo las ambulancias municipales.