El Ministerio de Igualdad del Gobierno de España analizará las medidas que puedan adoptarse para hacer frente al cambio de criterios aprobado en Valladolid para el acceso a la vivienda social, después de que el Ayuntamiento haya sustituido la referencia a la 'violencia de género' por la de 'violencia doméstica'.

Así lo ha trasladado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha criticado duramente la modificación y ha advertido de que el departamento que dirige analizará las actuaciones que correspondan para defender los derechos y la protección específica de las mujeres víctimas de violencia de género.

Redondo ha denunciado que el Consistorio vallisoletano "se ha aferrado al negacionismo de la ultraderecha" y "está dando la espalda a muchas mujeres que pueden tener en una vivienda la salida a una situación de violencia". A su juicio, el cambio de criterios en el acceso a la vivienda social en Valladolid "es un despropósito" y supone "un intento de retroceder dos décadas en la lucha contra la violencia de género".

La ministra ha incidido especialmente en la sustitución del concepto 'violencia de género' por 'violencia doméstica', una modificación que, según ha defendido, no puede considerarse una simple cuestión terminológica. "No es una cuestión semántica, sino que tiene consecuencias sobre los derechos de las víctimas", ha señalado.

La ministra ha recordado que la Ley de 2004 creó la categoría jurídica de violencia de género como aquella que sufren las mujeres "por el hecho de serlo", un concepto que, según ha explicado, se encuentra respaldado por la legislación española y la normativa comunitaria y que cuenta con mecanismos específicos de protección, como juzgados y fiscalías especializadas. "La violencia de género trae causa del machismo y de la cultura patriarcal, que es estructural y transversal. No es violencia común ni violencia doméstica", ha defendido.

"La igualdad no se negocia"

Redondo ha insistido en que lo que está en juego es la protección específica conquistada por las mujeres hace 22 años, que, a su juicio, ha contado durante años con un amplio consenso social y político. "La negación de derechos conseguidos puede dejar fuera de la protección específica a mujeres, por ejemplo, cuando no conviven con su agresor", ha advertido.

La ministra ha considerado que la modificación supone un "retroceso" y ha asegurado que desde el Gobierno no están dispuestos a aceptarlo. "Es un retroceso que no vamos a consentir. La igualdad no se negocia", ha sentenciado.

El Ministerio analizará ahora las distintas vías y medidas que pueda adoptar ante el cambio aplicado por el Ayuntamiento de Valladolid, mientras el debate se centra en las consecuencias que la nueva definición pueda tener sobre el acceso de las mujeres víctimas de violencia de género a los recursos municipales de vivienda.