La Plataforma contra la planta de biogás Granja Conchita ha presentado una queja al Procurador del Común de Castilla y León para solicitar su intervención ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. El objetivo es que se paralice el proyecto previsto en Herrera de Duero.

La asociación sin ánimo de lucro pretende que el Procurador del Común investigue los hechos expuestos en su escrito y, en su caso, inste a la Administración autonómica a adoptar las resoluciones o recomendaciones oportunas. La Plataforma fundamenta su queja en nueve aspectos relacionados con la ubicación y las características de la futura instalación.

Uno de los principales argumentos está relacionado con la gestión integral del agua. La asociación asegura haber detectado diferencias en las cifras relativas al consumo anual de agua recogidas en el proyecto y cuestiona la dependencia parcial de aportes externos. También alerta de la proximidad de las instalaciones al río Duero y a la Zona de Especial Conservación (ZEC) asociada.

A menos de 400 metros de las viviendas

La Plataforma también pone el foco en la distancia entre la planta proyectada y el núcleo urbano de Herrera de Duero. Según sostiene, la Asociación Empresarial del Biogás (AEBIG) establece una distancia mínima de 2.000 metros respecto a núcleos urbanos como criterio de buenas prácticas.

Sin embargo, la asociación denuncia que la instalación prevista se encontraría a menos de 400 metros de las viviendas situadas en zona urbana. Además, señala que el Informe de Impacto Ambiental (IIA) no analiza este parámetro ni recoge expresamente las distancias respecto al núcleo urbano.

Otro de los riesgos planteados está relacionado con la posibilidad de filtraciones y vertidos descontrolados. La Plataforma cita el punto 4.3 del IIA, en el que, según señala, se contempla esta posibilidad, y recuerda que el promotor deberá obtener un certificado del Registro de la Propiedad que acredite que la construcción se encuentra en zona inundable. A juicio de la asociación, la ubicación de la planta supondría un riesgo potencial de contaminación del Duero en caso de que llueva.

Olores y gestión del digestato

Los olores son otro de los puntos destacados en la queja. La asociación asegura que el estudio olfatométrico se debería haber realizado antes de conceder la autorización ambiental y, por tanto, antes de la puesta en funcionamiento de la planta.

En concreto, solicita que se lleve a cabo conforme a la UNE-EN 13725 y mediante un modelo de dispersión validado. La Plataforma critica que, según se recoge en la documentación del proyecto, este estudio esté previsto un año después de la entrada en funcionamiento de la instalación, ya que considera que durante ese periodo la población podría verse expuesta a olores.

Asimismo, lamenta que el Informe de Impacto Ambiental no haya exigido al promotor que añadiera dónde se destinará el digestato generado por la planta.

Dudas sobre el suelo y el acceso al expediente

La Plataforma también pone en duda la compatibilidad urbanística de la instalación. El proyecto se ubica sobre terrenos clasificados como suelo rústico, pero la asociación considera que las características de la planta responden a una actividad industrial, especialmente por la previsión de inyectar gas metano en la red de gas mediante una conexión con el Polígono de La Mora. Por ello, entiende que debería acreditarse la autorización necesaria para garantizar la compatibilidad de la actividad con la clasificación del suelo.

Por último, el colectivo cuestiona el acceso al expediente administrativo. La Plataforma asegura que las solicitudes formuladas ante la Administración autonómica por diferentes vías para consultar la documentación del proyecto no han obtenido, a su juicio, una respuesta eficiente.