El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha denunciado que las víctimas de violencia de género han quedado fuera de los criterios específicos de valoración para acceder a las viviendas públicas municipales tras la aprobación del nuevo protocolo de VIVA con los votos favorables de PP y Vox.

Según sostiene el PSOE, el nuevo documento ha eliminado el concepto de "violencia de género" para sustituirlo por el de "violencia doméstica", una modificación que, a juicio de los socialistas, deja fuera de esta valoración a determinadas mujeres víctimas de malos tratos, como aquellas que no conviven con su agresor.

El grupo municipal recuerda que ambos conceptos no son equivalentes. La legislación estatal define la violencia de género como aquella ejercida por un hombre contra una mujer que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligada a él por una relación similar de afectividad, incluso sin convivencia. La violencia doméstica, por su parte, hace referencia fundamentalmente al ámbito familiar o de convivencia.

De 1,5 puntos a cero, según el PSOE

El principal cambio denunciado por los socialistas afecta directamente al baremo utilizado para adjudicar las viviendas municipales. El PSOE señala que el protocolo aprobado en 2024 otorgaba 1,5 puntos a las víctimas de violencia de género, mientras que en el nuevo documento esta circunstancia deja de aparecer como tal entre los criterios de valoración.

Los socialistas destacan además que el protocolo de 2024 salió adelante por unanimidad, mientras que el nuevo fue aprobado únicamente con los votos de PP y Vox.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha reclamado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, una "rectificación inmediata" y considera que el cambio rompe el consenso existente hasta ahora en esta materia. "El consenso que había entre los dos grandes partidos en materia de violencia de género tanto a nivel nacional como en la ciudad ha saltado por los aires", ha afirmado Herrero, quien acusa al alcalde de "asumir los postulados de la ultraderecha".

Un protocolo aprobado el 28 de mayo

El nuevo protocolo fue aprobado por el consejo de administración de VIVA el pasado 28 de mayo. El Grupo Socialista solicitó entonces que el documento fuese retirado para poder analizarlo con mayor detenimiento.

El cambio relativo a la violencia de género no fue el único cuestionado por la oposición. El nuevo documento también eleva de uno a tres años el periodo de empadronamiento exigido para optar a estas viviendas municipales, una modificación justificada mediante criterios de arraigo.

El PSOE vincula ambas decisiones con un endurecimiento de las condiciones para acceder a la vivienda pública municipal y reclama al equipo de Gobierno que revise el protocolo. Herrero ha criticado además la política desarrollada por el Gobierno municipal en materia de igualdad y ha relacionado este último cambio con la decisión adoptada al comienzo del mandato de suprimir la Concejalía de Igualdad.