El Ayuntamiento de Valladolid ha defendido este jueves el nuevo protocolo de acceso al parque público de viviendas gestionado por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) y ha negado de forma tajante que la normativa excluya o perjudique a las mujeres víctimas de violencia de género.

El equipo de Gobierno considera "especialmente grave" que se utilice una cuestión "tan sensible" para generar una alarma que, a su juicio, no se corresponde ni con la legislación vigente ni con el contenido del protocolo aprobado por el Consejo de Administración de VIVA el pasado 28 de mayo.

El Consistorio recuerda que la protección específica de las víctimas de violencia de género está amparada por la Ley Orgánica 1/2004 y que su aplicación continúa plenamente vigente con independencia de que la expresión "violencia de género" aparezca o no literalmente en un protocolo municipal.

Además, la nueva normativa recoge expresamente la protección de las víctimas de violencias sexuales y establece que el Consejo de Administración adoptará los acuerdos necesarios para facilitar su acceso prioritario al parque público de vivienda, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual.

Desde el Ayuntamiento explican también que la incorporación del concepto de "violencia doméstica" responde a la voluntad de ampliar el ámbito de protección a situaciones de violencia que puedan producirse entre familiares o convivientes, con independencia del género de la víctima o del agresor. "No se elimina la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, sino que se amplían los supuestos de atención a personas que se encuentran en situaciones de violencia y vulnerabilidad", sostiene el Gobierno municipal.

El Consistorio añade que la propia Administración General del Estado utiliza conjuntamente las expresiones "víctimas de violencia de género y/o doméstica" en su Catálogo de Servicios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, como muestra de que ambos conceptos no son excluyentes.

Un procedimiento para reducir los plazos

Más allá de la polémica sobre la terminología, el Ayuntamiento defiende que una de las principales novedades del protocolo es la simplificación del procedimiento para acceder a una vivienda pública. Según el equipo de Gobierno, el sistema anterior exigía una cantidad elevada de documentación para acreditar las circunstancias personales, familiares, laborales, económicas y residenciales de los solicitantes. Esta complejidad podía provocar que la aprobación de las listas definitivas se prolongara hasta un año.

El nuevo modelo pretende reducir ese plazo a aproximadamente tres meses. Para ello, los solicitantes podrán presentar la solicitud mediante declaraciones responsables sin necesidad de aportar inicialmente toda la documentación acreditativa. Una vez aprobada la lista definitiva, VIVA requerirá progresivamente la documentación correspondiente siguiendo el orden establecido, ya sea mediante sorteo notarial o en función de la puntuación obtenida. El objetivo es evitar que la acumulación de trámites retrase la respuesta a las personas que necesitan una solución habitacional.

También se modifican los criterios de valoración del programa Viviendas Blancas, dirigido a colectivos en situación de vulnerabilidad. Entre los cambios figura el aumento del peso de la situación familiar, que pasa de un máximo de 2,5 a cuatro puntos, así como una simplificación de la valoración de la situación laboral y una reducción de las franjas de ingresos.

El nuevo protocolo elimina, además, la situación habitacional como criterio de baremación, al considerar el Ayuntamiento que quienes concurren al programa parten ya de situaciones de vulnerabilidad residencial similares, sin perjuicio de los supuestos de acceso extraordinario. Asimismo, se prima la antigüedad en el empadronamiento a partir de los tres años, en consonancia con el nuevo requisito establecido para acceder al programa.

946.000 euros para Igualdad en 2026

El Ayuntamiento de Valladolid ha vinculado la defensa del protocolo con su política municipal de igualdad y con los recursos destinados a la protección de las mujeres. El Presupuesto municipal de 2026 contempla 946.000 euros para el área de Igualdad -incluida en la Concejalía liderada por Rodrigo Nieto-, un 2,24 % más que el ejercicio anterior, con un refuerzo específico del Plan contra la Violencia de Género y de la Oficina de la Mujer.

La portavoz del equipo de Gobierno, Blanca Jiménez, ha asegurado que "el Ayuntamiento de Valladolid no excluye a las víctimas de violencia de género" y ha defendido que el nuevo protocolo "garantiza su protección y amplía los supuestos de atención".

Jiménez ha destacado también que la reforma pretende ofrecer "una respuesta mucho más rápida" a las personas que necesitan una vivienda. "De poco sirve un procedimiento pensado para atender situaciones de vulnerabilidad si la respuesta se demora durante un año", ha señalado. La portavoz ha acusado al Grupo Municipal Socialista de utilizar "a las víctimas y a las mujeres para hacer confrontación política" y ha reclamado abordar la violencia de género "desde la responsabilidad y desde el compromiso real con quienes necesitan protección".

El Gobierno municipal insiste así en que la reforma persigue dos objetivos: mantener las garantías legales para las víctimas de violencia de género y agilizar el acceso a la vivienda pública para los colectivos más vulnerables. "Este Ayuntamiento va a seguir trabajando para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, para atender a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y para ofrecer respuestas eficaces", ha concluido Jiménez.