El protocolo para acceder a las viviendas sociales de VIVA en Valladolid se ha situado en el centro de la polémica después de conocerse uno de los cambios introducidos por el equipo de Gobierno de PP y Vox: la sustitución del concepto de "violencia de género" por el de "violencia doméstica" entre los criterios utilizados para acceder al alquiler municipal.

La modificación fue aprobada el pasado mes de mayo dentro de una revisión de los criterios de acceso a las viviendas gestionadas por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), aunque ha sido ahora cuando el asunto ha saltado al debate político.

La diferencia entre ambos términos es uno de los principales motivos de la controversia. Violencia de género y violencia doméstica no son conceptos jurídicamente equivalentes. La primera hace referencia a la violencia ejercida contra una mujer por quien sea o haya sido su pareja, mientras que la violencia doméstica engloba situaciones de violencia producidas dentro del ámbito familiar o de convivencia.

Precisamente esta diferencia ha provocado dudas sobre cómo afectará la nueva baremación a determinadas mujeres víctimas de violencia de género, especialmente en aquellos casos en los que ya no exista convivencia con el agresor.

El Ayuntamiento sostiene que la nueva formulación permite ampliar los supuestos contemplados y proteger a víctimas de violencia dentro del ámbito familiar con independencia de su sexo. Frente a esta interpretación, la oposición y diferentes colectivos consideran que eliminar la referencia específica a la violencia de género puede reducir el reconocimiento particular que hasta ahora tenían estas víctimas dentro del procedimiento.

La decisión ha provocado la reacción del Ministerio de Igualdad. La ministra Ana Redondo ha mostrado este jueves su preocupación por la modificación realizada en Valladolid y considera que las víctimas de violencia de género han dejado de figurar de manera específica entre los beneficiarios prioritarios para acceder a un alquiler social.

Redondo ha situado lo ocurrido en Valladolid dentro de los cambios en políticas de igualdad que el Ministerio está detectando en administraciones gobernadas por PP y Vox y ha advertido de posibles retrocesos en la protección específica de las mujeres víctimas de violencia machista.

El Grupo Municipal Socialista también ha solicitado que se rectifique el protocolo. Los socialistas consideran que la desaparición de los 1,5 puntos específicos rompe el consenso existente hasta ahora en esta materia, ya que el protocolo anterior había sido aprobado por unanimidad.

La modificación relacionada con las víctimas de violencia de género no es el único cambio introducido en el acceso a las viviendas de VIVA. El nuevo protocolo también eleva de uno a tres años el periodo de empadronamiento exigido para optar a una vivienda municipal, una decisión vinculada por el Gobierno local a criterios de arraigo y que también ha sido cuestionada por la oposición.

La polémica se centra ahora en las consecuencias prácticas de la nueva baremación. Mientras el Ayuntamiento considera que utilizar el concepto de violencia doméstica permite ampliar la protección a más víctimas, desde la oposición y el Ministerio de Igualdad cuestionan que desaparezca el reconocimiento específico que hasta ahora tenían las víctimas de violencia de género para acceder a la vivienda pública municipal.