La Policía Nacional ha detenido el pasado 11 de febrero en Valladolid a un varón, administrador de una comunidad de propietarios de la capital, como presunto autor de un delito de estafa y otro de falsedad documental, tras destaparse diversas irregularidades en la gestión económica de la finca.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el presidente de la comunidad, quien detectó desde el inicio comportamientos anómalos en la actuación del gestor. Según su testimonio, el administrador convenció al anterior presidente para modificar el acta más reciente de la comunidad, otorgándose acceso total a la cuenta bancaria comunitaria, con capacidad para retirar efectivo, emitir cheques y efectuar pagos sin supervisión vecinal. El detenido habría justificado este cambio asegurando que así podría trabajar "con mayor eficacia" y sin necesidad de consultar cada operación.

Tras revisar los movimientos bancarios, el actual presidente detectó varios cargos desconocidos para los vecinos. Entre ellos, dos especialmente llamativos en junio de 2025: un traspaso de 3.500 euros y otro movimiento de 1.780 euros en concepto de "gastos de presidente". Este último fue negado de forma tajante por el responsable de la comunidad. Ante las sospechas, el administrador aseguró que la comunidad había sido sancionada por la Agencia Tributaria con una multa de 5.280 euros, mostrando como prueba un supuesto justificante bancario. Sin embargo, las comprobaciones policiales revelaron que el documento era falso. También resultaron falsificados los códigos seguros de verificación de varios documentos atribuidos al organismo tributario, entre ellos un requerimiento y una diligencia de embargo entregados posteriormente por el investigado.

En un análisis posterior de la cuenta comunitaria se localizaron tres reintegros en efectivo efectuados por el administrador: 675 euros el 28 de abril por la supuesta reparación del cierre del tejado; 355 euros el 4 de junio; y 302,50 euros el 23 de junio por una presunta reparación de gotera. Para justificar estos movimientos, el gestor aportó dos facturas que carecían de sello, firma y CIF, además de incluir una dirección incorrecta. Aunque la empresa señalada reconoció haber realizado trabajos y cobrado en efectivo, el presidente de la comunidad aseguró que nunca autorizó ni permitió el acceso a las zonas que supuestamente fueron reparadas, lo que apunta a una posible connivencia entre el administrador y el responsable de la mercantil.

El investigado reintegró el pasado 7 de enero de 2026 los 5.280 euros correspondientes a la supuesta sanción tributaria. No obstante, los otros tres cargos, que suman 1.332,50 euros, continúan bajo investigación al estar vinculados a facturas presuntamente falsificadas. Una vez concluido el atestado policial, las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial. El detenido quedó en libertad con la obligación de comparecer cuando sea requerido por el juzgado.