La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 400.000 euros a un empresario de la ciudad por un delito de fraude a la Seguridad Social, al no abonar durante años las cotizaciones de más de un centenar de trabajadores de las distintas sociedades que gestionaba.

La sentencia establece, además, que el condenado deberá abonar casi 263.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de responsabilidad civil, tras acumular deudas con las arcas públicas cercanas a los 120.000 euros.

El tribunal considera que el empresario "tenía conocimiento de que sus sociedades eran deudoras de la Tesorería General de la Seguridad Social porque le eran comunicados todos los avisos por el impago de los Seguros Sociales de los trabajadores, así como de los requerimientos de dicho organismo" y que, pese a ello, "nunca solicitó el aplazamiento o intento de regularización de las obligaciones con la Seguridad Social en ninguna de las sociedades".

La Audiencia añade que el condenado tampoco compareció a "ninguno de los requerimientos realizados por las Unidades Recaudatorias de la Seguridad Social, ni a los requerimientos de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que han intervenido en los expedientes administrativos de apremio".

Pese a la condena por fraude, la sentencia exonera al empresario del delito de frustración de ejecución por el que también fue acusado por la Fiscalía y por el que se pedían dos años y nueve meses de cárcel adicionales, al interpretar que no hubo un intento deliberado de dilatar los pagos.

Con esta resolución, la Audiencia Provincial concluye un caso que pone de relieve el incumplimiento prolongado de obligaciones con la Seguridad Social por parte de empresarios con varias sociedades bajo su gestión.