La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre a ocho meses de prisión y al pago de una multa de doce meses, con una cuota diaria de 15 euros, por un delito contra el medio ambiente al vender una parcela ocultando que estaba contaminada.

Según la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el terreno había sido utilizado previamente por una empresa dedicada al tratamiento de escorias de aluminio de primera fusión, una actividad para la que no contaba con autorización. De hecho, la Junta de Castilla y León ya había denegado en agosto de 2006 el permiso para gestionar residuos peligrosos y no peligrosos en esa ubicación.

Pese a conocer esta situación, el acusado ocultó deliberadamente el estado real del suelo cuando formalizó la venta ante notario el 13 de octubre de 2021. Las compradoras, que pretendían instalar un centro hípico, desconocían que la parcela presentaba una contaminación incompatible con ese uso.

Tras comenzar las labores de acondicionamiento, las nuevas propietarias detectaron restos metálicos, la presencia de una sustancia negruzca en el terreno y el afloramiento de un líquido que, al mezclarse con esos materiales, desprendía un fuerte olor a amoníaco. Los hechos fueron denunciados en el Puesto de la Guardia Civil de Tudela de Duero.

La actividad previa desarrollada en la finca provocó daños sustanciales en la calidad del suelo y en las aguas superficiales, y el acusado tampoco disponía de la autorización exigida para la gestión de esos residuos. La Audiencia concluye que la operación de compraventa no se habría realizado de haber conocido las adquirientes el verdadero estado de la parcela, cuyo saneamiento requiere un elevado coste económico.