La Junta General Extraordinaria de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) no llegó a celebrarse este lunes después de que el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León no reconocieran la validez de la convocatoria, prevista para deliberar sobre la disolución de la entidad. A pesar de ello, los representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible advirtieron de que nada impide acudir al juzgado de lo mercantil para poner fin a la sociedad.

La situación se tensó tres horas después de iniciarse la reunión de la comisión de seguimiento del convenio de integración y tras un Consejo de Administración marcado por advertencias, reproches y varias intervenciones cruzadas. El alcalde, Jesús Julio Carnero, fue el primero en señalar que la Junta General Extraordinaria "no podía celebrarse", al no cumplirse, dijo, los requisitos legales, la convocatoria se trasladó el 17 de noviembre y no había transcurrido el mes preceptivo; además, este órgano debía reunirse a petición del Consejo de Administración.

Sin embargo, desde la SVAV se recordó que estaba presente el 100% del accionariado, y que este era el procedimiento seguido habitualmente. También apuntaron que el pasado 6 de octubre ya se advirtió formalmente de la intención de disolver la entidad y de convocar la Junta en un plazo de dos meses.

Carnero defendió que la suspensión era "algo positivo" porque permitiría analizar con más calma los proyectos y "buscar un punto de encuentro" con el Ministerio. Pero esa idea fue rechazada por la secretaria general de Adif, Irene Bonet, quien insistió en que "el convenio está resuelto" y que, aun celebrándose la Junta, no sería posible acordar la disolución debido al previsible empate entre los socios.

El secretario de Estado, José Antonio Santano, elevó el tono al acusar al regidor de intentar "escapar" de la votación. "Aquí hay que ser consecuente con los actos que uno hace", afirmó. "Esta es la realidad". Tras un cruce de reproches, la tensión se trasladó también a la finalización del encuentro, cuando los asistentes abandonaron la sala de la estación de Campo Grande.

A mayores, desde la SVAV se advirtió de que la no celebración de la Junta deja a la entidad sin auditores para 2025, 2026 y 2027, un problema que, alertaron, puede generar un conflicto "muy grave" en el Registro Mercantil. Carnero propuso convocar de nuevo la Junta, incluso por videoconferencia.

Ariza y la estación

Durante el Consejo de Administración se vivió el momento político más tenso de la jornada. Santano pidió al alcalde un "gesto", aceptaría detener la disolución de la SVAV si el Ayuntamiento autorizaba la ejecución inmediata de los pasos de Ariza, que el Consistorio rechaza acometer ahora por el riesgo de generar "un caos" circulatorio.

Pero Carnero respondió con una contraoferta inesperada: paralizar durante dos años las obras de remodelación de la estación de trenes, valoradas en 215,8 millones de euros y con un plazo de ejecución de 43 meses. Santano se negó con contundencia, "No puedo hacer ese daño a la ciudad".

El alcalde replicó que Valladolid "ya es núcleo del noroeste" y defendió su posición como una cuestión de "sentido común" frente a quien "viene de fuera" y desconoce la realidad circulatoria de la ciudad.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, intentó mediar, proponiendo aparcar la disolución y convocar en Madrid una reunión técnica para estudiar qué proyectos del convenio pueden ejecutarse. Sin éxito.

Santano insistió en que el "matrimonio está roto", porque, según él, el convenio no se cumple en su totalidad. Suárez-Quiñones cuestionó la analogía, mientras Carnero pidió "recapacitar" al Ministerio.

El secretario de Estado utilizó su voto de calidad para aprobar el desistimiento del recurso contencioso que la SVAV mantenía contra el Ayuntamiento por impago de la anualidad de 2024 (11,07 millones), una decisión a la que se opusieron el alcalde y el consejero al no reconocer la resolución del convenio.