El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha advertido de que la Junta emprenderá acciones judiciales si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleva a cabo una ruptura unilateral del convenio de integración ferroviaria y de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV). "No hay ninguna justificación", afirmó, avanzando su voto en contra de la propuesta ministerial.

Durante la reunión de la comisión de seguimiento del convenio, el consejero pidió al Gobierno central "diálogo" y un "examen de conciencia" ante su "falta de entendimiento" con el Ayuntamiento de Valladolid y con la propia Junta. Suárez-Quiñones insistió en que el convenio no puede tratarse como "un simple papel" que se rompe cuando una de las partes no logra ejecutar lo que quiere.

El consejero defendió que la ruptura sería responsabilidad exclusiva del Ministerio, al que acusó de actuar con "prepotencia" y comportarse como si uno de los socios del acuerdo estuviera por encima del resto. "No se ha hecho ningún esfuerzo de encuentro", lamentó, afeando también el tono del secretario de Estado, José Antonio Santano, cuyas críticas al alcalde, Jesús Julio Carnero, calificó como una "suerte de enjuiciamiento de personas".

Suárez-Quiñones insistió en que las incidencias registradas en la ejecución del convenio son "las habituales" en proyectos de este tipo y no justifican una resolución anticipada. Por ello, instó a sentarse, hablar y pactar un "plan ordenado de actuaciones" que permita desbloquear la situación sin romper el marco de colaboración vigente.

También descartó que la negativa al aplazamiento de la aportación municipal de 2024 o la polémica sobre los pasos de Ariza puedan considerarse un "casus belli". La Junta, afirmó, ha cumplido con sus obligaciones y seguirá defendiendo la posición del Ayuntamiento. "Existe mucho trabajo por hacer", remató.