La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) exigió al Ayuntamiento de Valladolid la revocación y renovación completa e inmediata de todo el tribunal calificador del proceso selectivo de 13 plazas de Policía Municipal, "tras confirmarse hechos de extrema gravedad que comprometen de manera seria su transparencia, su funcionamiento y la confianza en el procedimiento, al haberse constatado irregularidades serias". La petición, presentada esta mañana en el Consistorio, se produce tras anularse un ejercicio práctico del examen, elegido por el tribunal, argumentando que había sido utilizado en una academia, poniéndose en tela de juicio la limpieza de ese proceso.

El sindicato independiente consideró que no se está ante un error de alguno de los miembros a la hora de proponer un ejercicio, sino ante un fallo sistemático de funcionamiento del tribunal en su conjunto, cuya presidencia y secretaría han incumplido sus deberes esenciales de documentación y fedatarios públicos, invalidando la seguridad jurídica de todo el proceso selectivo.

Un comunicado de Csif señala que la información difundida en algún medio de comunicación, que reproduce con detalle deliberaciones internas del tribunal, evidencia una filtración procedente del propio órgano, que vulnera el deber de confidencialidad que impone la normativa pública, y quiebra la imparcialidad y el rigor que deben guiar cualquier proceso selectivo. "Esta filtración, además, ha derivado en que Csif haya sido injustamente señalada, dañando la imagen de nuestra organización sin fundamento alguno, al asegurarse que la persona del tribunal que ha propuesto el ejercicio anulado, entre otros muchos ejercicios que había presentado, era representante sindical del sindicato", añadió.

A esta situación, se suma un hecho "aún más grave" por que aseguró que no existen actas que acrediten la constitución válida del tribunal ni de sus decisiones o, si existen, no han sido sometidas a aprobación. Esta ausencia de documentación oficial, a juicio de Csif, no solo invalida jurídicamente las actuaciones de ese tribunal, sino que ha sido igualmente denunciada por otros sindicatos, que tampoco han tenido acceso a esas actas pese a haberlas solicitado. "La falta de transparencia, por tanto, es estructural y gravísima", añadió.

El sindicato consideró que la combinación de filtraciones, ausencia de actas y difusión de versiones parciales de lo ocurrido, sitúa al tribunal calificador en una posición "completamente deslegitimada, sin una mínima apariencia de imparcialidad o profesionalidad". Es por ello que señalara que resulta imposible garantizar un proceso "limpio, riguroso y respetuoso" con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.