La aprobación de una nueva normativa en Jumilla (Murcia) que prohíbe la celebración de actos religiosos, culturales o sociales extradeportivos en los polideportivos municipales ha provocado un fuerte enfrentamiento político y social. La medida afecta especialmente a la comunidad musulmana, que venía utilizando estas instalaciones para celebrar el rezo de fin del Ramadán y otras festividades religiosas.

La decisión fue adoptada en el pleno del pasado 28 de julio a propuesta del Partido Popular, como respuesta moderada a una moción de Vox, que pedía explícitamente prohibir las celebraciones islámicas en el municipio. Finalmente, Vox se abstuvo, y la medida fue aprobada gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Seve González (PP), ante un empate de fuerzas.

Desde el Ayuntamiento insisten en que no existe un veto religioso. González ha asegurado que la modificación afecta solo a la ordenanza de uso de instalaciones deportivas, y que "otras dependencias municipales están disponibles para todos los colectivos, incluida la comunidad musulmana", siempre que se cumpla la normativa vigente.

No obstante, la comunidad musulmana de Jumilla -una de las más numerosas de la región, en una ciudad con 28.000 habitantes y hasta 72 nacionalidades- se ha mostrado "en shock" por la medida. Han llamado a la calma y han convocado una asamblea en septiembre para analizar cómo responder a la situación.

La decisión también ha provocado la reacción de distintas instituciones. La Conferencia Episcopal Española ha mostrado su respaldo a la Comisión Islámica de España, recordando que la libertad religiosa está amparada por la Constitución (art. 16) y que limitar su expresión en el espacio público "atenta contra derechos fundamentales".

CONFLICTO A ESCALA NACIONAL

En el plano político, el Gobierno central ha denunciado lo ocurrido como un "nuevo ejemplo de deriva extremista" por parte del PP al gobernar con Vox. La delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, ha calificado la medida como "profundamente racista" y ha advertido de que se seguirán de cerca posibles discursos de odio.

Por su parte, el PP se ha defendido afirmando que es el "partido de la libertad" y acusando tanto a Vox como al PSOE de "polarizar el debate" con fines partidistas. El vicesecretario popular Jaime de los Santos ha señalado que su partido respeta las creencias individuales, sin vetos por motivos religiosos.

Desde Vox, el portavoz local Juan Agustín Carrillo ha defendido la medida con el argumento de que "cada espacio es para lo que es": "Si quiero rezar voy a la iglesia; si quiero jugar al tenis, voy a las pistas".

Los grupos municipales de PSOE e IU-Podemos han acusado al PP de someterse a la agenda ideológica de Vox, y de poner en peligro la convivencia en una localidad históricamente pacífica y diversa.