Más de 30 comunidades de regantes de toda España, se han reunido en el II Encuentro Nacional de Comunidades de Regantes con Aguas Subterráneas, celebrado en el Castillo de Fuensaldaña. El foro, organizado por la revista Campo con el impulso de la Diputación de Valladolid, reunió además a administraciones públicas y confederaciones hidrográficas.

El objetivo central del encuentro fue revisar el Manifiesto de Valladolid, firmado en noviembre de 2023, y lograr un mayor respaldo institucional. Cuatro diputaciones y 30 ayuntamientos rubricaron el documento que recoge las principales demandas del sector.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, destacó el "honor" de acoger por segundo año un evento que sitúa a la provincia como "referencia nacional" en el regadío con aguas subterráneas. Recordó que el 70% de las tierras de regadío de Valladolid dependen de pozos y acuíferos, gestionados por 37 CUAS, que administran más de 80.000 hectáreas y un volumen de 104 hm³.

Íscar defendió el papel del sector en el medio rural, "el regadío, y especialmente el de aguas subterráneas, no es el problema. Es parte de la solución contra la despoblación, para garantizar la seguridad alimentaria y mantener vivo el medio rural".

Durante la jornada, los representantes de las comunidades de regantes insistieron en que la sostenibilidad y el futuro del sector agroalimentario dependen de una gestión eficiente del agua. Llamaron a abandonar la confrontación y a abrir vías de diálogo real con las administraciones, recordando que el regadío aporta el 50% de la producción agrícola nacional.

Al encuentro asistieron responsables de las diputaciones de Valladolid, Ávila, Segovia y Palencia, así como alcaldes y concejales de 30 municipios de Castilla y León y Huelva, entre ellos Medina del Campo, Tordesillas, Nava del Rey, Olmedo, Rueda o Almonte. También participaron representantes de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Guadalquivir.

Las principales reivindicaciones del Manifiesto

El documento revisado contiene las principales peticiones del sector:

- Un plan estatal del agua subterránea que marque reglas claras y ofrezca certidumbre, con participación activa de las CUAS.

- Estrategias comunes de sostenibilidad hídrica, combinando innovación, formación y nuevas tecnologías.

- Denuncia de sanciones "desproporcionadas y arbitrarias" por parte de algunas confederaciones hidrográficas.

 - Más inversión y atención a la regeneración de acuíferos.

 - Reconocimiento social y económico del regadío, clave para la producción de alimentos y el desarrollo rural.

En España hay 3,6 millones de hectáreas de regadío, el 20% de la superficie agrícola. Entre el 20% y el 30% del agua usada procede de acuíferos. En 2020/21, solo el 23% (6.600 hm³) del agua destinada a usos consuntivos tuvo origen subterráneo, según datos del MITECO.

El sector recordó que el regadío —del que depende la mitad de la producción agrícola— es esencial para las economías rurales y para la seguridad alimentaria, "solo defendiendo una gestión profesional del agua y de la agricultura podremos asegurar un presente y un futuro sostenible", concluyeron.