La corrupción no es un fenómeno reciente. Desde las primeras ciudades-Estado hasta la modernidad, el poder sin controles ha generado apropiación indebida de recursos y privilegios. No se trata solo de un error moral individual, sino de un riesgo sistémico de la sociedad. Incluso sociedades con sistemas legales avanzados, como la Roma republicana o la Atenas clásica, han lidiado con la arbitrariedad y el abuso de poder.

En la modernidad, los Estados han intentado neutralizar este riesgo mediante leyes de transparencia, instituciones burocráticas y sistemas judiciales independientes. Sin embargo, la corrupción persiste, incluso en democracias consolidadas. El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI 2024) revela que Europa occidental alcanza su peor puntuación media en una década, con descensos significativos en países como Alemania y Francia (Transparency International, 2024). En España, el mismo índice muestra un descenso de cuatro puntos respecto al año anterior y un retroceso de diez puestos en el ranking mundial, situándose en el puesto 46 de 180 países, por debajo del promedio de la Unión Europea. A nivel institucional, solo algunas comunidades autónomas y ciudades cuentan con agencias antifraude plenamente operativas, evidenciando déficits significativos en estructuras de control.

La OCDE advierte sobre un "gap de implementación" entre la normativa y su ejecución real: aunque las leyes se han fortalecido, la aplicación sigue siendo parcial, especialmente en contratación pública, conflictos de interés y control del lobbying (OCDE, 2024). Esta desconexión permite que la corrupción se normalice, infiltrando procedimientos administrativos, decisiones financieras y prácticas políticas cotidianas, y erosionando la confianza pública.

La normalización tiene consecuencias profundas. El Eurobarómetro 2024 indica que el 72 % de los ciudadanos europeos considera que la corrupción no se sanciona adecuadamente y que las respuestas gubernamentales son insuficientes. La percepción de impunidad alimenta el cinismo, debilita el contrato social y reduce la participación ciudadana, reproduciendo desigualdades y consolidando privilegios de élites.

Los impactos son concretos. En Estados Unidos, la corrupción política regional reduce la eficiencia de la inversión laboral en empresas locales (Chowdhury, 2024). En Europa, CorruptionData.eu (2025) confirma que la corrupción disminuye la efectividad de los fondos públicos y distorsiona la asignación de recursos, pudiendo reducir hasta un 2 % del PIB anual en algunos países de la UE. Sus efectos alcanzan la educación, la salud y otros servicios esenciales, mostrando que la corrupción afecta la vida cotidiana de todos.

La corrupción también puede operar de manera más sutil, infiltrando la estructura misma de los Estados democráticos. La "captura del Estado" es un fenómeno especialmente preocupante. Documentada en democracias avanzadas (David-Barrett, 2023–2024), ocurre cuando empresas, actores privados o grupos de interés influyen sistemáticamente en la formulación de políticas, desviando recursos en beneficio propio. La corrupción deja de ser episódica y se vuelve sistémica, socavando la gobernanza y el Estado de derecho.

Asimismo, se sostiene gracias al silencio cómplice de muchas personas en puntos clave, que toleran irregularidades o desvíos de recursos. En la vida cotidiana, expresiones como "conoces a alguien que me puede ayudar" o la práctica de favores personales normalizan conductas que, aunque criticadas en la política, se toleran socialmente. Igualmente, aquellos que pagan o reciben pagos en B, no declaran impuestos o incluso se sienten orgullosos de no cumplir con sus obligaciones fiscales, son también responsables de corrupción. Decisiones judiciales y procesos que cada día más ciudadanos perciben como influenciados por intereses ajenos a la justicia reflejan la extensión de la corrupción incluso en el ámbito jurídico.

Existen ejemplos que muestran que es posible contenerla. Países como Dinamarca han implementado sistemas de control integrales y efectivos: auditorías periódicas, códigos éticos, canales de denuncia protegidos y formación continua en integridad. Estos mecanismos han reducido sustancialmente los casos de corrupción y reforzado la confianza ciudadana. Finlandia y Suecia presentan resultados similares, demostrando que la combinación de instituciones sólidas y ciudadanía activa permite aspirar a modelos democráticos éticos y eficientes. En todos estos países, esas estructuras anticorrupción están dotadas de personal y medios suficientes para realizar su función de forma ejemplar.

El cambio depende de todos: protestar y denunciar irregularidades, participar en auditorías, vigilar presupuestos locales y resultados empresariales, y exigir transparencia. Y estas acciones deben comenzar desde la base: en los centros educativos, promoviendo la formación en valores cívicos y éticos desde la infancia, y en los ayuntamientos, donde la rendición de cuentas puede establecerse como práctica habitual. La transparencia digital, con acceso público a contratos y presupuestos, se ha mostrado como un recurso clave para fiscalizar la gestión pública. Además, combatir la corrupción exige cooperación internacional, intercambio de buenas prácticas y mecanismos de control transnacionales.

No podemos aceptar que la corrupción sea rutina. Su normalización destruye valores democráticos y éticos, debilita instituciones y amenaza la cohesión social. Borrarla no es utópico: requiere buenos medios, vigilancia ciudadana, seguimiento de presupuestos y presión institucional constante. Cada acción cuenta. Cada ciudadano que observa cuestiona y actúa protege la democracia.

Porque sin integridad no hay Estado; sin transparencia, no hay futuro; y sin ciudadanía crítica, la democracia se convierte en un teatro vacío. Actuar hoy garantiza que ética, vigilancia y responsabilidad colectiva definan nuestro mañana. No podemos vivir con esta enfermedad endémica que es la corrupción cuando tenemos medicinas para eliminarla en gran parte.