Asistimos estos días, tanto los legos como los técnicos en derecho, con expectación, al que un sector de la prensa ha denominado 'el juicio del año'.

Con permiso del 'caso O. J. Simpson' enjuiciado en 1995, estos días se celebra en el Tribunal Supremo el juicio frente a Álvaro García Ortiz -Fiscal General del Estado (FGE)- y frente a la fiscal jefa de la fiscalía provincial de Madrid, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra Alberto González Amador. A la sazón pareja sentimental de Isabel Diez Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Al parecer, presuntamente, habrían filtrado al dominio público un correo electrónico enviado por el abogado del señor González Amador a la fiscalía, sobre un eventual acuerdo en el procedimiento penal seguido frente a él.

Y no es para menos, la función del Ministerio Fiscal según la Constitución es promover la justicia, defender la legalidad y los derechos ciudadanos, e intervenir en defensa del interés público.

Cuesta creer. Y sobre todo ver.

Pero que el árbol no nos impida ver el bosque. La gravedad de los hechos es evidente. Con independencia de la autoría o no del FGE, o de fiscal jefa de la fiscalía provincial de Madrid, alguien -presuntamente desde la fiscalía- ha filtrado a la prensa datos confidenciales sobre las negociaciones en curso sobre un posible acuerdo, en términos penales, conformidad, entre las partes. Vulnerando entre otros el derecho de defensa y la presunción de inocencia de un ciudadano.

Lo cierto es que sea cual sea el resultado del juicio, unos y otros van a tener munición para rato para continuar menoscabando el prestigio y la autoridad de la justicia en nuestro país.

Si se absuelve al FGE, se dirá que la causa ha sido una farsa y una persecución tanto al fiscal como al resto de amigos, socios, colaboradores, secretarios de organización y sobre todo, familiares del presidente del gobierno.

Por el contrario, si se condena al FGE, se hablará de lawfare, de la derecha judicial y todas esas cosas que los operadores de la justicia desconocemos, pese a vivir la realidad del día a día de los (aun) juzgados y tribunales.

La justicia tiene problemas, pero van por otro lado, sobre todo relacionados con la infrafinanciación y la falta de medios.

En otro orden de cosas, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, encierra en sí misma una herramienta peligrosa: la instrucción de las causas por el Ministerio Fiscal. ¿supone este hecho algo extraordinario? Lo cierto es que no, en muchos de los países de nuestro entorno jurídico y cultural, esto es, nuestros países vecinos, las causas penales son instruidas por la Fiscalía.

¿Qué problema hay? A mi modo de ver dos.

Primero, la falta de consenso con el resto de fuerzas políticas. Una reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe ser consensuada con todas o al menos una mayoría cualificada de los partidos políticos, representantes de la soberanía popular.

Y segundo, la instrumentalización de la Fiscalía como herramienta política, podría afectar al principio de legalidad. Esto es, la decisión sobre que causas que se tienen que abrir e investigar y cuáles no.

Honestamente me niego a pensar que el Ministerio Público actúe como herramienta política al servicio del gobierno de turno.

Algo peligroso ¿verdad? Pero recuerden, ¿de quién depende la Fiscalía?