La urbanización 'Arroyovereda', en Sotoverde (Arroyo de la Encomienda), continúa siendo objeto de atención por parte de las autoridades y vecinos debido a la presencia de okupas en varias viviendas gestionadas por la Sareb. El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha explicado a TRIBUNA la actuación de la Guardia Civil y el alcance de sus competencias en este ámbito.

Canales aclaró que la gestión corresponde a la Sareb y que él no actúa como portavoz de la entidad, sino que es consciente de que los agentes han acompañado a la empresa de aguas de Arroyo para cortar los suministros a viviendas ocupadas, según dicta la Justicia. "Poco tiempo después volvieron a conectarse y nosotros lo volvimos a cortar, con la Guardia Civil presente para garantizar la seguridad de los efectivos", afirmó. Además, confirmó que está previsto realizar procedimientos similares con otros proveedores de servicios.

El subdelegado subrayó que no todas las personas que viven en 'Arroyovereda' son okupas: "Algunos han llegado a acuerdos con la Sareb para vivir en alquiler social y están pagando sus cuotas; otros no se han negado a pagar, pero no tienen acreedor, y hay quienes sí son okupas, aunque se trata de casos judicializados". En cuanto a la intervención de la Guardia Civil, Canales insistió: "Los agentes actuarán conforme a lo que dicte la Justicia, pero muchos de estos problemas no son delitos, sino conflictos de convivencia, que corresponden gestionar a la Policía Local de Arroyo".

Respecto a la seguridad de las viviendas, explicó que las propiedades no ocupadas están aseguradas y que cualquier intento de entrada activa las alarmas. "Si se produce una ocupación, se puede desocupar en las primeras 24 horas; después de ese plazo, las actuaciones de la Guardia Civil se limitan a lo que marque la Justicia", indicó.

Canales reconoció la frustración de los vecinos que han comprado sus casas esperando tranquilidad, y recordó que el problema responde a un déficit de vivienda y al alto número de inmuebles cerrados pertenecientes a bancos. "La Sareb ha propuesto alquileres sociales como solución de carácter social, cumpliendo un plan que intenta conciliar la necesidad de vivienda con los problemas de convivencia", afirmó.

Por último, el subdelegado insistió en que cualquier solución no es del agrado de todos, pero debe respetar los marcos judiciales y sociales. En los casos judicializados, la Guardia Civil intervendrá según lo dictado por la Justicia, mientras que la Policía Nacional solo actuaría en casos relacionados con tráfico de drogas que, de momento, "no se están produciendo".