Los fallos en las pulseras antimaltrato ya son una realidad en muchas regiones de España. Esta medida se aprobó en marzo de 2024 y hace unos días salió a luz que estas llevaban meses dando errores en el sistema tras un cambio en la empresa proveedora. Esto es algo que se conocía desde el Gobierno y sin embargo, se ocultó.

A principios de este año, el Consejo del Poder Judicial advirtió a Igualdad, hasta en dos ocasiones, de los problemas de estos aparatos. Esos inconvenientes han hecho desaparecer los movimientos de algunos maltratadores, dejando desprotegidas a las víctimas. 

Ante esta situación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que necesitarán unos meses para gestionar un nuevo contrato que mejore la gestión de los dispositivos. Sin embargo, el Partido Popular y VOX, con la abstención de ERC, BNG, Coalición Canaria y Junts, han exigido el cese de Redondo.

En Valladolid, la Asociación de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos (ADAVASYMT) ha declarado a TRIBUNA que no tienen conocimiento de que los juzgados entreguen estas pulseras. Según Sofía Larrea, una de las trabajadoras sociales de la Asociación, sólo han tenido "una usuaria a la que se le concedió".

En este caso, a la víctima "no le paraba de pitar el dispositivo", así que ante esta situación y al no llegar a presenciar al agresor en ningún momento, no se incumplió la orden de alejamiento. Algo que provocaba a la víctima estrés y miedo.
La trabajadora social ha subrayado que esta medida nunca ha llegado a funcionar bien en la provincia. En cambio, en otras zonas de Castilla y León sí se han contabilizado más dispositivos activos.