La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León reconoció el derecho de una mujer de 39 años a ser indemnizada con casi 100.000 euros, tras haber sufrido un parto de consecuencias devastadoras en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, el 5 de diciembre de 2021, a causa de una atención sanitaria negligente en el que perdió el útero y sufrió lesiones internas severas y secuelas permanentes, es decir, quedó estéril.

Atención al Paciente destacó que lo que debía ser un nacimiento seguro terminó en una cadena de errores médicos que dejaron a la paciente sin útero, con lesiones en la vejiga y el uréter, infecciones recurrentes, dolor crónico y una vida irreversiblemente marcada por el sufrimiento físico y emocional. Un daño de extraordinaria gravedad, muy poco común en un parto, que evidencia la falta de garantías mínimas en la asistencia obstétrica prestada.

La mujer acudió en la semana 37 de gestación para una inducción al parto con Propess, pese a tener antecedente de cesárea previa. La administración de esta prostaglandina, contraindicada o de uso extremadamente controlado en estos casos, incrementa de forma muy significativa el riesgo de rotura uterina, por lo que exige monitorización continua, que en este caso fue suspendida durante casi tres horas. Ese tiempo fue clave: el útero comenzó a desgarrarse progresivamente sin que nadie lo detectara, hasta que la rotura fue total, generando una hemorragia masiva y obligando a una histerectomía de urgencia, con la consiguiente esterilidad irreversible.

Durante la cirugía, se produjo además una rotura de vejiga, y al no comprobarse la indemnidad de los uréteres, se causó una lesión en el uréter izquierdo, que obligó a una nueva operación, meses de sonda y nefrostomía, y un cuadro de dolor pélvico crónico que persiste a día de hoy.

El expediente reconoce que la actuación sanitaria incumplió de forma flagrante los protocolos clínicos y la lex artis, calificando de determinante la ausencia de vigilancia. A ello se añade que la paciente nunca fue informada de los riesgos reales de inducir el parto en su caso, vulnerando su derecho a decidir de forma libre e informada, lo que se ha reconocido como un daño moral separado, valorado en 5.000 euros.

Para la familia el suceso resultó traumático, especialmente cuando recuerdan que la madre manifestó dolores intensos y claramente anormales, ante los cuales no solo no se actuó con la diligencia médica que requería la situación, sino que además fue objeto de comentarios insensibles y humillantes por parte del personal sanitario como: "Las mujeres aguantan el dolor más que los hombres, ... bueno, algunas" o "No sabes lo que son las contracciones porque eres primeriza". 

Para Atención al Paciente, las expresiones a esta mujer, que ya  había tenido un hijo por cesárea, reflejan una grave falta de empatía y de atención clínica. Estos comentarios no solo no minimizaron su sufrimiento, sino que contribuyeron a ignorar los signos evidentes de una complicación que resultó devastadora.

La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, indicó que este caso muestra con toda su "crudeza" que un parto, que debería ser un momento de vida y esperanza, puede convertirse en una auténtica tragedia física, psicológica y vital cuando no se actúa con la diligencia debida. "Es inaceptable que se siga poniendo en riesgo la vida y el proyecto vital de las mujeres por falta de vigilancia y por decisiones médicas precipitadas. Que una mujer salga de un parto sin útero, con lesiones internas, dolor crónico y sin haber sido informada es algo que una sociedad no puede tolerar", indicó.

Asimismo, aludió a que este caso vuelve a poner de relieve la necesidad de que se extremen las precauciones en la inducción al parto en mujeres con cesárea anterior y que se informe adecuadamente de los riesgos, respetando el derecho de las mujeres a decidir con información veraz y completa.