La madrugada del 12 de agosto de 2018 cambió para siempre la vida de una mujer conocida por buena parte de la comunidad LGTBI de Valladolid. Eli, una mujer trans de 59 años, fue hallada gravemente herida en las inmediaciones del centro comercial Vallsur tras sufrir una brutal agresión. Durante semanas permaneció hospitalizada en estado crítico. Finalmente, el 22 de septiembre falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Su muerte provocó una profunda conmoción en Valladolid y trascendió rápidamente el ámbito local. Colectivos sociales y asociaciones de defensa de los derechos trans denunciaron que el caso reflejaba la situación de vulnerabilidad que muchas personas trans siguen padeciendo en España, especialmente aquellas de mayor edad y con trayectorias vitales marcadas por décadas de discriminación.

Según las informaciones difundidas durante la investigación, Eli fue encontrada con heridas de extrema gravedad. La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde permaneció ingresada durante más de un mes. Las secuelas de la agresión resultaron irreversibles y acabaron provocando su fallecimiento.

Las pesquisas policiales condujeron rápidamente a un menor de 15 años, que se entregó en dependencias de la Policía Nacional pocas horas después de los hechos. El joven reconoció la agresión y también el robo del teléfono móvil de la víctima. Tras la muerte de Eli, la investigación pasó a centrarse en un posible delito de homicidio.

Uno de los aspectos que más atención pública generó fue determinar si la agresión había estado motivada por la identidad de género de la víctima o si se trató de un acto de violencia asociado principalmente al robo.

La investigación judicial analizó distintos elementos para esclarecer los hechos, mientras organizaciones LGTBI reclamaban que no se descartara ninguna hipótesis y pedían una reflexión más amplia sobre la violencia que sufren las personas trans. Aunque el procedimiento judicial se centró en los hechos concretos investigados, el debate social sobre la transfobia y los delitos de odio permaneció muy presente durante meses.

La muerte de Eli tuvo una repercusión especial entre los colectivos trans de Castilla y León. Asociaciones y activistas organizaron actos de recuerdo y concentraciones de repulsa para denunciar la violencia sufrida por la víctima y reclamar una mayor protección institucional.

Para muchas personas, el caso simbolizó una realidad poco visible: la de una generación de mujeres trans que vivió gran parte de su vida bajo contextos de marginación social, dificultades laborales y falta de reconocimiento legal.

Ocho años después, el nombre de Eli sigue apareciendo en la memoria colectiva de buena parte del movimiento LGTBI vallisoletano, sobre todo, teniendo en cuenta que este domingo, 28 de junio, se celebra y reivindica el Orgullo LGTBI. Su muerte no solo fue un suceso criminal; también se convirtió en un recordatorio de las desigualdades y riesgos que todavía enfrentan algunas personas trans.

A día de hoy, se conoce que el responsable de la paliza que le costó la vida a la vallisoletana salió de prisión, tras cumplir seis años de condena, el mes de julio de 2024, y volvió a delinquir. Según pudo saber Tribuna Valladolid, el joven, de 22 años en la actualidad, fue acusado de varios delitos y detenido junto a su pareja.

Más allá de la dimensión judicial, el caso dejó una huella profunda en la ciudad. La historia de Eli permanece asociada a una reivindicación que continúa vigente: la necesidad de garantizar que ninguna persona sea víctima de violencia por su condición, identidad o situación de vulnerabilidad.