Kely -con una 'l' como figura en el parte de su nacimiento- Johanna, señalada por la Fiscalía como la presunta cabecilla de una trama de trata de seres humanos y explotación sexual que habría operado en varias ciudades españolas, entre ellas Valladolid, ha rechazado de forma rotunda todas las acusaciones que pesan sobre ella y asegura que nunca formó parte de ninguna organización criminal: "En realidad, soy la única víctima del caso".

En declaraciones a TRIBUNA, la acusada defiende su inocencia y sostiene que el origen de la investigación se sitúa en el dinero que prestó a varias conocidas para viajar desde Colombia y Venezuela a España. Según su versión, ese gesto acabó derivando en denuncias que considera falsas, motivadas por el interés de algunas mujeres en acceder a beneficios vinculados a la condición de víctima de trata. "En ningún punto es cierto todo lo que se dice sobre mí. No hay ni por dónde cogerlo", afirma Kely, quien insiste en que jamás captó mujeres para ejercer la prostitución ni obtuvo beneficio económico alguno de su llegada a España.

Una causa con peticiones de más de sesenta años de cárcel

Los procesados -entre ellos, Luis Ángel, el hijo mayor de Kely- formaron parte de una presunta organización criminal que, según la Fiscalía, habría captado a mujeres vulnerables en Colombia y Venezuela para trasladarlas a España y explotarlas sexualmente en distintos pisos repartidos por varias ciudades del norte del país. Por ello, solicita penas que, en conjunto, superan los 60 años de prisión.

Kely, para quien se solicitan 27 años de cárcel, rechaza por completo ese relato. Asegura que únicamente financió "tres o cuatro billetes de avión" a mujeres que conocía por terceras personas (no eran amigas). "Me rogaban que les prestara el dinero para venir. Yo no traje a nadie para explotarlo sexualmente", sostiene.

"Las ayudé y acabaron denunciándome"

La acusada afirma que las mujeres a las que ayudó aprovecharon posteriormente el sistema de protección a víctimas de trata para regularizar su situación administrativa y "obtener ayudas públicas". Según explica, una de las denunciantes fue incluso derivada a una ONG por recomendación suya. "Yo les facilité el contacto y les presté el billete. Después vieron los beneficios que podían obtener y decidieron denunciar", asegura.

Kely relata que mantuvo contacto con algunas de ellas tras su llegada a España, aunque niega cualquier tipo de control sobre sus movimientos. Explica que llegó a recoger a una de las mujeres en el aeropuerto, le guardó equipaje en varias ocasiones y atendió peticiones relacionadas con alojamiento o desplazamientos. Por ello, rechaza una de las acusaciones centrales del procedimiento: que las víctimas estuvieran sometidas a vigilancia o restricciones de libertad. "¿Cómo voy a controlar a alguien por un teléfono móvil? Me llamaban constantemente para pedirme favores", afirma.

Además, entre los testimonios recogidos en la causa figura el de una de las presuntas víctimas, que aseguró haber sido convencida para viajar a España bajo la promesa de trabajar como 'modelo webcam', una actividad basada en emisiones en directo a través de Internet por las que se obtienen ingresos mediante suscripciones, donaciones o pagos de los usuarios. Según esa versión, la mujer habría aceptado desplazarse al país con el argumento de que en España dispondría de una mejor conexión a Internet para desarrollar dicha actividad.

La acusada sostiene al respecto que nunca ofreció trabajos de modelo webcam a ninguna mujer y considera que esa explicación carece de sentido. "Hoy en día cualquier persona puede conectarse a Internet desde prácticamente cualquier país", afirma. Según Kely, ella jamás realizó promesas laborales de ningún tipo y su única intervención consistió en prestar dinero para, insiste, algunos billetes de avión.

Valladolid, Santander, Irún y otros destinos

La investigación sitúa a varias de las mujeres en ciudades como Valladolid, Santander, Avilés, Torrelavega, Gijón, Bilbao, Irún, Logroño y Pamplona. Kely reconoce que algunas de las mujeres estuvieron en Valladolid y Santander, pero sostiene que se alojaron en pisos obtenidos a través de anuncios públicos de alquiler, y no en inmuebles controlados por una presunta organización criminal. También niega haber gestionado la mayoría de los alojamientos mencionados en la causa.

Respecto a una de las denunciantes, asegura que llegó inicialmente a Santander, posteriormente se desplazó a Irún y más tarde viajó a Alemania junto a otro de los acusados. Según su relato, fue durante esos desplazamientos cuando comenzaron los conflictos que acabaron desembocando en las denuncias.

"No encontraron ni 5.000 euros"

Otra de las cuestiones que más indignación provoca en la acusada es la referencia a los supuestos beneficios económicos obtenidos por la presunta red de trata. La Fiscalía atribuye a la presunta organización criminal importantes ganancias derivadas de la explotación sexual de las víctimas. Sin embargo, Kely sostiene que su situación económica era muy diferente a la descrita por los investigadores. "No encontraron ni 5.000 euros. Si hubiera tenido 300.000, como se ha llegado a decir, no estaría aquí", asegura.

La acusada explica que parte del dinero localizado en sus cuentas procedía, según afirma, de "ayudas y subvenciones" vinculadas a su actividad como autónoma. También sostiene que durante el periodo investigado buscaba empleo y había solicitado apoyo a servicios sociales.

Un año y medio en prisión provisional

Kely fue detenida en diciembre de 2023 y permaneció en prisión provisional hasta junio de 2025. Durante ese tiempo, asegura que vivió convencida de que las contradicciones en los testimonios terminarían desmontando la acusación. "Pensaba que todo se aclararía cuando se investigara a fondo. Fue al salir cuando me di cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo", afirma.

La acusada sostiene que fue conociendo los detalles del procedimiento a medida que se celebraban declaraciones judiciales y comparecencias durante su estancia en prisión.

El impacto en su familia

Más allá de las consecuencias penales, Kely asegura que el proceso ha tenido un fuerte impacto en su entorno familiar. Especialmente en sus hijos, uno de los cuales también figura entre los acusados y se enfrenta a una petición de nueve años de prisión. "Han destruido mi salud mental, mi hogar y la vida de mis pequeños", reconoce.

De hecho, explica que, en la actualidad, recibe tratamiento psiquiátrico y que su estado emocional ha empeorado notablemente desde el inicio de la causa. "Ya no soy la misma persona. Vivo con ansiedad, tristeza y miedo", relata.

Confianza en la absolución

A la espera de la sentencia, Kely mantiene que las pruebas demostrarán que nunca participó en una red de trata y confía en que la Justicia termine exonerándola. "Me equivoqué al ayudar a determinadas personas, pero no he hecho daño a nadie", afirma.

La acusada concluye defendiendo que su único papel fue facilitar el viaje de varias conocidas y sostiene que la resolución final permitirá limpiar su nombre y el de sus familiares, pese a la gravedad de las acusaciones que pesan sobre ella.