El Partido Comunista de España (PCE) en Valladolid ha expresado su rechazo frontal al Plan Municipal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Ayuntamiento, al considerar que "no afronta de manera efectiva" la crisis habitacional y que "refuerza un modelo orientado a los intereses del sector inmobiliario".

Desde la organización sostienen que el documento "carece de propuestas estructurales" y se limita a una serie de actuaciones que, en su opinión, benefician principalmente a promotoras y propietarios. El secretario provincial del PCE, David González, ha afirmado que el plan "no ataca el problema de raíz" y refleja un sistema que "prioriza la rentabilidad económica" frente al derecho de la mayoría social a acceder a una vivienda digna.

Uno de los principales puntos de crítica es el papel que el Ayuntamiento pretende desempeñar en el mercado del alquiler. El PCE entiende que el consistorio "actúa como garante de los intereses de los propietarios sin exigir una contención de precios". La cesión de suelo para nuevas promociones y la conversión de locales comerciales en viviendas son interpretadas por la formación como "una renuncia" a intervenir directamente en el mercado. González ha señalado que este modelo "protege el beneficio del rentista con recursos públicos mientras las familias trabajadoras sufren una presión económica cada vez mayor".

La organización alerta de que Valladolid vive una situación de emergencia habitacional, con los alquileres "en niveles máximos" tras años de subidas continuadas. En este contexto, consideran que cualquier medida que no incluya control de precios o límites a la compra especulativa por parte de fondos de inversión resulta "insuficiente" para frenar la escalada.

Las críticas se extienden también a la Junta de Castilla y León, a la que el PCE acusa de mantener una actitud "pasiva" en materia de vivienda. Según denuncian, la comunidad autónoma carece de una ley "ambiciosa" que dote a las administraciones de "herramientas reales" de intervención. La formación subraya el contraste con otras comunidades, como Cataluña o Euskadi, donde existen mecanismos para movilizar viviendas vacías en manos de grandes tenedores. En Valladolid, recuerdan, hay al menos 13.000 viviendas desocupadas, según datos municipales, mientras los precios siguen aumentando.

Ante este escenario, el PCE reclama la declaración "inmediata" de Valladolid como zona tensionada para limitar los precios del alquiler, la aplicación de un recargo del 150 % en el IBI a las viviendas vacías y un incremento sustancial de la Vivienda de Protección Oficial bajo titularidad pública permanente.

Para la formación comunista, la solución a la crisis habitacional pasa por una intervención decidida de las administraciones. "La vivienda debe ser entendida como un servicio público y no como un objeto de especulación", ha concluido David González.