La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre a un año y medio de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, tras quedar acreditado que captó a temporeros para realizar labores agrícolas y los alojó en viviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad. La sentencia, conocida este miércoles, impone además una multa de 1.440 euros y el pago de indemnizaciones de 500 euros a cada uno de los diez trabajadores afectados.

El tribunal ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas a la hora de fijar la pena. Según los hechos probados, el condenado, un hombre de 42 años y de origen rumano, desarrollaba en el año 2020 una actividad de intermediación laboral para empresarios agrícolas de la provincia de Valladolid, principalmente en localidades próximas a Medina del Campo.

Aunque no figuraba como empresario registrado, el acusado era quien contactaba con los empleadores y organizaba la contratación de trabajadores, función que formalmente recaía en otra persona. Para cubrir la demanda de mano de obra, se puso de acuerdo con terceros que, entre los meses de septiembre y octubre de 2020, se desplazaron a localidades de Alicante y Murcia para ofrecer empleo a personas en situación de desempleo.

Las ofertas incluían condiciones que resultaron ser falsas, como contratos de un año, altas en la Seguridad Social, salarios de hasta 1.800 euros mensuales o jornales de 80 euros diarios, así como alojamiento en viviendas dignas. En un contexto marcado por la pandemia de la covid-19 y la dificultad para encontrar trabajo en el sector agrícola, varias personas de distintas nacionalidades aceptaron la propuesta y se trasladaron a Valladolid.

Sin embargo, una vez iniciada la actividad laboral, muchos de los trabajadores no fueron dados de alta en la Seguridad Social y ninguno recibió formación en prevención de riesgos laborales ni equipos de protección adecuados. Para realizar las tareas de vendimia, poda o recogida de patata, únicamente contaban con canastos para transportar los productos.

En cuanto al alojamiento, los temporeros fueron instalados en dos viviendas cedidas por una persona no encausada a la esposa del acusado. Las casas presentaban graves deficiencias: carecían de calefacción, el agua no era potable y las condiciones higiénicas eran muy deficientes, con colchones en mal estado recogidos de la calle.

La Audiencia considera acreditado que estas circunstancias vulneraron de forma grave los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores, motivo por el cual ha dictado la condena.