El Ayuntamiento de Valladolid ha decidido dar un paso más en el conflicto sobre la integración ferroviaria y respaldar acciones judiciales tras la solicitud de Adif y Adif Alta Velocidad de resolver el convenio firmado en 2017. La medida salió adelante en el último pleno del año gracias a los votos de PP y Vox, mientras que los grupos de la oposición votaron en contra.

Durante el debate, el equipo de gobierno defendió que el Consistorio ha cumplido con los compromisos adquiridos en el marco de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), entidad participada en un 50 % por organismos dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un 25 % por la Junta de Castilla y León y el 25 % restante por el Ayuntamiento. Según el Ejecutivo municipal, la resolución del acuerdo planteada por Adif carece de fundamento y supondría un perjuicio notable para los intereses de la ciudad.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, aseguró que no existe ningún incumplimiento por parte del Ayuntamiento y advirtió de las consecuencias negativas que podría tener la disolución del convenio, tal y como recoge un informe jurídico municipal que respalda la posición del gobierno local.

Desde la oposición, el Grupo Municipal Socialista defendió una alternativa que fue rechazada por la mayoría del pleno. Su portavoz, Pedro Herrero, planteó que el Ayuntamiento abone los 11 millones de euros pendientes con la SVAV y retome la negociación para desbloquear el proyecto ferroviario. En su intervención, acusó al alcalde, Jesús Julio Carnero, de obstaculizar de manera deliberada el desarrollo del convenio y de incumplir las obligaciones asumidas.

El alcalde respondió con dureza a estas críticas y reprochó a la oposición que, a su juicio, priorice los intereses del Ministerio de Transportes, encabezado por el exalcalde de Valladolid Óscar Puente, frente a los de la ciudad. Carnero defendió que la estrategia municipal busca proteger a Valladolid ante decisiones que considera perjudiciales.

Por su parte, Vox respaldó la postura del equipo de gobierno. Su representante, Irene Carvajal, negó que la deuda reclamada sea "líquida y exigible" y justificó la negativa a pagarla en la interpretación municipal del silencio administrativo respecto al aplazamiento solicitado.

Desde Valladolid Toma la Palabra, su portavoz Rocío Anguita mostró su incomprensión ante la estrategia del gobierno municipal, al considerar incoherente defender el soterramiento de las vías mientras se rechaza la disolución de la sociedad creada para gestionar un proyecto que, según afirmó, el propio Ejecutivo local ha paralizado desde el inicio del mandato.

El debate volvió a evidenciar la profunda división política en torno a uno de los asuntos estratégicos para el futuro urbanístico y de movilidad de Valladolid, con posiciones enfrentadas que, de momento, alejan una solución consensuada.