La Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) volverá a reunirse el lunes 24 de noviembre, un mes y medio después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunciara su intención de disolver la sociedad tras la paralización del proyecto de integración ferroviaria en superficie.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero confirmó la convocatoria este viernes tras mantener un encuentro con los comerciantes de la calle Gamazo afectados por las obras de abastecimiento y saneamiento. "Está convocada desde hace tiempo, tanto la Comisión de Seguimiento como la Junta General de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad", señaló el regidor, quien reiteró la postura del Ayuntamiento: "Entendemos que no hay causa para disolver ni que nos tengamos que ir del convenio, y así lo manifestaremos".

La cita se presenta decisiva para el futuro de la SVAV, creada en 2002 con el objetivo de ejecutar la integración ferroviaria de la capital. El pasado 8 de octubre, el ministro Óscar Puente anunció que el Ministerio daba por cerrado "el capítulo de la integración ferroviaria-soterramiento del ferrocarril", tras constatar las discrepancias con el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, que apuestan por el soterramiento de las vías frente al modelo en superficie defendido por el Gobierno central.

"El capítulo de la integración ferroviaria-soterramiento del ferrocarril para el Ministerio de Transportes termina aquí, y el que quiera bailar, pues lo hará solo", afirmó entonces Puente, al considerar que ambas administraciones "incumplen el objetivo de avanzar en la integración en superficie" al negarse a licitar las obras del entorno de Ariza.

Tanto el Ayuntamiento como la Junta sostuvieron posteriormente que no han incumplido el convenio, sino que buscan modificarlo para incluir el soterramiento como alternativa viable. Además, justificaron la falta de licitación de la zona de Ariza por el "caos circulatorio" que provocaría la coincidencia de varias obras en distintos puntos de la ciudad. Ambas administraciones insisten en que la solución pasa por el "diálogo y la cooperación institucional", no por la ruptura.

Si las posturas se mantienen y se produce un empate en la votación —al representar el Ayuntamiento y la Junta la mitad de la sociedad—, será finalmente el Juzgado de lo Mercantil quien deba resolver el futuro de la SVAV y determinar las consecuencias jurídicas y financieras de una eventual disolución, incluida la gestión de una deuda de más de 400 millones de euros.