El European Quality of Government Index (EQI), elaborado por el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo, constituye el indicador subnacional más sólido y reconocido en Europa para medir la calidad institucional (informe completo 2024). Combina encuestas ciudadanas con datos objetivos sobre servicios públicos, imparcialidad y corrupción, ofreciendo una visión precisa y comparativa de la gobernanza regional. Su prestigio deriva de la consistencia metodológica y de su carácter pionero: fue el primer índice que comparó regiones dentro de los propios países, y sus resultados son utilizados por la Comisión Europea en los informes de cohesión y evaluación de políticas públicas. Por su capacidad para integrar percepciones y datos verificables, el EQI se ha consolidado como referencia esencial en estudios sobre gobernanza, política pública y desarrollo regional.

La edición de 2024 sitúa a Castilla y León en una posición preocupante. Según el periódico La Vanguardia, la región ocupa el puesto 193 entre 210 regiones europeas, con resultados sistemáticamente por debajo de la media española y europea. Estos datos reflejan déficits estructurales en la administración pública y en la percepción ciudadana de imparcialidad y transparencia, así como desafíos persistentes en la prestación de servicios. 

La calidad institucional no es un asunto meramente técnico: determina la capacidad efectiva de gobernar y la confianza ciudadana, que a su vez condiciona la ejecución de políticas en las ciudades y pueblos. En Castilla y León, la percepción de ineficiencia, clientelismo o arbitrariedad contribuye a una parálisis silenciosa de los proyectos públicos, donde las políticas se diluyen entre trámites, retrasos y desconfianza. 

El EQI evalúa tres dimensiones: servicios públicos, imparcialidad en la aplicación de normas y experiencias de corrupción. En Castilla y León, los déficits identificados se relacionan con factores estructurales claros: el envejecimiento y la despoblación, la baja densidad en muchas zonas rurales que encarece la prestación de servicios, y la compleja fragmentación institucional -más de 2.200 ayuntamientos, nueve diputaciones y la administración autonómica- que dificulta la coordinación y aumenta riesgos de ineficiencia. Los informes del Consejo de Cuentas señalan que un número significativo de municipios no presenta sus cuentas en plazo o lo hace con deficiencias, debilitando la confianza ciudadana. 

Aunque no hay evidencia de corrupción generalizada, la percepción de trato desigual y prácticas clientelares refuerza la sensación de arbitrariedad administrativa. La última edición del EQI incorpora indicadores sobre estas experiencias ciudadanas, aumentando su capacidad para reflejar dimensiones invisibles del funcionamiento institucional. 

El contraste con otras regiones europeas de características similares es ilustrativo: aquellas que mejoran su posición lo hacen mediante políticas de transparencia, auditorías independientes, profesionalización del empleo público y participación ciudadana. Castilla y León dispone de recursos comparables, pero sus resultados sugieren que el problema no reside en la cantidad, sino en la gestión y la cultura administrativa. En el ámbito universitario y científico, la región mantiene centros consolidados, aunque recientes informes apuntan retrocesos en investigación, internacionalización y rendimiento relativo, limitando su capacidad para compensar déficits institucionales.

Los datos del EQI subrayan la necesidad de una reforma técnica y simbólica: avanzar hacia transparencia real y estandarizada en contratos y cuentas municipales; digitalizar la contratación con controles automáticos; ampliar las competencias del Consejo de Cuentas; y reforzar la profesionalización de la administración mediante formación continua, rotación y acceso meritocrático. Las políticas contra la despoblación deben vincularse con la mejora de la gobernanza: revitalizar el medio rural requiere garantizar calidad institucional e imparcialidad. La participación ciudadana en auditorías sociales y el seguimiento público de indicadores de calidad de gobierno son herramientas clave para reforzar legitimidad y confianza.

La situación de Castilla y León evidencia un desafío más amplio para la democracia española: la legitimidad institucional depende de la experiencia cotidiana de los ciudadanos con sus administraciones. La percepción de trato desigual o la ineficacia administrativa erosiona la cohesión social y la estabilidad política. El déficit de Castilla y León no es de recursos, sino de cultura administrativa, diseño institucional y prácticas políticas. 

En conclusión, el EQI 2024 plantea a Castilla y León un reto ineludible: recuperar una calidad de gobierno situada hoy entre las más bajas de Europa. Mejorar exige compromiso sostenido con transparencia, rendición de cuentas y profesionalización del sector público. Solo un enfoque integral permitirá restaurar la legitimidad democrática y situar a la región a la altura de las más avanzadas, transformando no solo la gestión administrativa, sino también la percepción ciudadana de sus instituciones.

Informe de referencia: https://www.qogdata.pol.gu.se/data/codebook_eqi_24.pdf?utm_source=chatgpt.com.