Tres empresarios de Valladolid serán juzgados los días 25 y 26 de junio en la Audiencia Provincial por presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes, después de haber dejado sin abonar facturas por valor de 61.273 euros a una empresa distribuidora de carburantes. La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados -J.J.S.M., A.L.G.C. y P.M.P.- una pena de siete años de prisión: cuatro por estafa y tres por alzamiento de bienes, además de una multa de 9.000 euros por persona.

Asimismo, el Ministerio Público reclama que los tres indemnicen conjuntamente a la empresa afectada por el importe total adeudado, sumado a los intereses legales generados desde el impago.

Según recoge el escrito de acusación, los hechos se remontan al año 2018, cuando la empresa Iberian, participada por los acusados J.J.S.M. y A.L.G.C., firmó un contrato de suministro de carburantes con otra sociedad. Para ganarse su confianza, los acusados simularon una sólida solvencia económica, presentando un patrimonio empresarial en 2017 de más de 285.000 euros.

Una vez establecido el acuerdo, Iberian amplió progresivamente el número de vehículos que acudían a repostar, llegando a sumar hasta 70 camiones, con lo que se generaron facturas por valor de más de 61.000 euros, que dejaron de pagarse a partir de septiembre de 2018.

La Fiscalía también imputa por estos hechos a P.M.P., quien, tras conocer la deuda acumulada, adquirió la mayoría de las participaciones de Iberian por apenas 8.000 euros, en una operación formalizada mediante escritura pública. Este movimiento fue interpretado como parte de una estrategia para eludir las responsabilidades económicas de la empresa.

Ante el impago, la compañía suministradora acudió a los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid dictó en julio de 2019 un auto requiriendo a Iberian el abono de una parte de la deuda -3.337 euros- y ordenando el embargo preventivo de sus bienes. Sin embargo, el embargo no pudo llevarse a efecto, ya que los socios declararon su insolvencia económica.

El escrito del fiscal también señala que, desde entonces, la empresa Iberian dejó de presentar sus cuentas anuales y desapareció de su domicilio fiscal, además de que su parque móvil, que había sido clave en la estafa, se esfumó sin dejar rastro.

Con todos estos elementos, el Ministerio Público concluye que los acusados actuaron de manera coordinada para defraudar a la empresa proveedora, simulando una situación económica sólida que no se correspondía con la realidad, y adoptando posteriormente medidas para evitar el pago de la deuda y ocultar el rastro de los activos.

El juicio esclarecerá ahora si existió una actuación dolosa y planificada para burlar la responsabilidad empresarial y patrimonial derivada del impago.