La apertura de 31 kilómetros de la Autovía del Duero (A-11) entre Tudela de Duero y Valbuena de Duero se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación institucional de las últimas semanas en Castilla y León. Lo que debía ser la puesta en servicio de uno de los tramos más esperados de esta infraestructura estratégica ha derivado en un intenso intercambio de reproches entre el Ministerio de Transportes, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid sobre las condiciones de seguridad del acceso provisional a la nueva autovía.

El origen del conflicto está en que los últimos kilómetros del recorrido, correspondientes al entorno del viaducto sobre el río Duero, aún no están finalizados. Esta circunstancia obliga a habilitar un itinerario alternativo para conectar el nuevo tramo con la N-122 hasta que concluyan las obras definitivas. Mientras el Ministerio defiende que la solución propuesta permite reducir la elevada siniestralidad de la carretera nacional, la Junta y la Diputación consideran que el aumento del tráfico por vías provinciales requiere mayores garantías de seguridad antes de autorizar su apertura.

El Ministerio de Transportes ha defendido desde el primer momento que los 31 kilómetros ya construidos deben ponerse en servicio cuanto antes para aliviar el tráfico de la N-122, una de las carreteras con mayor índice de accidentalidad de la comunidad. El departamento que dirige Óscar Puente llegó a acusar públicamente a la Junta y a la Diputación de "boicotear" la apertura de la infraestructura por motivos políticos, al considerar que ambas administraciones rechazaban los desvíos necesarios pese al informe favorable emitido por la Dirección General de Tráfico, condicionado a la implantación de medidas adicionales de seguridad.

Frente a estas acusaciones, la Junta de Castilla y León insistió en que su "única prioridad" es garantizar la seguridad vial. El Ejecutivo autonómico reclamó al Ministerio información técnica detallada sobre el incremento de tráfico que asumirían las carreteras autonómicas y provinciales afectadas y defendió que cualquier decisión debía sustentarse en criterios técnicos y no políticos.

En la misma línea se pronunció la Diputación de Valladolid, que expresó su preocupación por el impacto que tendría el desvío provisional sobre carreteras de titularidad provincial, especialmente en una época del año marcada por el incremento de desplazamientos y la proximidad de la vendimia. La institución provincial mostró, no obstante, su disposición a estudiar alternativas siempre que se incorporaran actuaciones que reforzaran la seguridad de los usuarios.

Tras varios días de negociaciones, las tres administraciones acercaron posturas con una solución provisional que permitirá poner en servicio la mayor parte del nuevo trazado. El acuerdo contempla que los vehículos ligeros circulen por los nuevos 31 kilómetros de autovía y completen el recorrido mediante un itinerario señalizado por las carreteras VA-101 y VP-3001, mientras que los vehículos pesados continuarán utilizando la N-122 hasta que finalicen las obras pendientes. Además, está prevista la instalación de semáforos, nueva señalización y otras medidas de regulación del tráfico en municipios como Pesquera de Duero para mejorar la seguridad del recorrido alternativo.

La apertura de este tramo supondrá un importante avance en la construcción de la A-11, una infraestructura llamada a vertebrar el corredor del Duero y a mejorar la conexión entre Valladolid, Soria, Zamora y la frontera con Portugal. Sin embargo, el debate de las últimas semanas ha puesto de manifiesto que, más allá de la finalización de las obras, la coordinación entre administraciones sigue siendo uno de los principales retos para culminar una de las autovías más demandadas del noroeste peninsular.