El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid exigirá explicaciones en el próximo Pleno por la situación de "inseguridad jurídica y política" generada en torno a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hace ahora tres meses. "Es un sainete", añade su portavoz, Pedro Herrero.

Los socialistas denuncian la falta de una solución clara por parte del equipo de gobierno de PP y Vox, así como el cambio de criterio del alcalde, Jesús Julio Carnero, respecto al futuro de la ordenanza. El portavoz municipal, Pedro Herrero, formulará preguntas tanto al regidor como a la primera teniente de alcalde, Irene Carvajal, para aclarar las actuaciones previstas.

En concreto, Herrero cuestionará al alcalde sobre su postura en relación con un modelo de ZBE basado en la activación por picos de contaminación. Según recuerda, Carnero defendió este planteamiento en marzo, aunque en el último Pleno, celebrado en mayo, el Partido Popular rechazó respaldar una propuesta en ese mismo sentido presentada por su socio de gobierno, VOX.

Asimismo, el portavoz socialista pedirá explicaciones a Carvajal por sus declaraciones en las que apuntaba a la existencia de "argumentos jurídicos de peso" para suspender el régimen sancionador, al tiempo que criticaba la decisión del PP de recurrir la sentencia sin el apoyo de VOX.

Desde la implantación de la ZBE el 1 de julio de 2025, el Ayuntamiento ha impuesto sanciones por un valor aproximado de 1,6 millones de euros hasta marzo de 2026, con una media de unas 50 multas diarias, que llegaron a alcanzar las 80 en los primeros momentos. Esta situación, advierten los socialistas, genera incertidumbre entre los ciudadanos sobre la validez de las sanciones actuales y la posible devolución de las ya abonadas.

"El equipo de gobierno ha creado un problema y no está haciendo nada para resolverlo", critica Pedro Herrero, quien acusa a PP y Vox de actuar "sin rigor, sin seguridad jurídica y sin la seriedad que exige una medida de esta trascendencia" para la movilidad, la calidad del aire y la salud pública.

El Grupo Municipal Socialista también denuncia la "falta absoluta de transparencia" en el proceso de modificación de la ordenanza. A finales de mayo concluyó el plazo de presentación de propuestas, en el que participaron colectivos como APROSER, FECOSVA, CEOE, varias federaciones vecinales y Ecologistas en Acción, entre otros.

Tres meses después del fallo judicial, la situación de la Zona de Bajas Emisiones sigue sin resolverse, manteniendo abiertas las dudas tanto jurídicas como políticas en torno a una de las principales medidas de movilidad urbana en la ciudad.