Nueva polémica en el Ayuntamiento de Valladolid. El equipo de Gobierno municipal, con el alcalde, Jesús Julio Carnero, a la cabeza, se ha visto obligado a recular, a dar marcha atrás, después de asegurar (en palabras de su concejal de Tráfico, Alberto Gutiérrez, y de su teniente de alcalde, Irene Carvajal) que se iba a suspender el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad a raíz de una sentencia judicial dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que impugnaba la actual ZBE gracias al recurso interpuesto por la Asociación Liberum. 

Es decir, la "ensoñación" de Carnero no va a surtir efecto. Un informe "preceptivo y no vinculante" de secretaría, tras solicitarlo la propia Alcaldía de Valladolid, derivado del servicio jurídico del Ayuntamiento, quien, de hecho, ha iniciado este martes el procedimiento de modificación o sustitución de la Ordenanza reguladora de la ZBE mediante la publicación de la Consulta Pública Previa, obliga al Consistorio a que la ciudad de Valladolid tenga una ZBE, en aplicación y conforme a la ley, y que, por tanto, se mantenga un régimen sancionador.

¿Pero por qué van a multar si la actual ZBE es ilegal? Porque mientras esté en funcionamiento, ya que la sentencia no es firme, cabe la posibilidad de que el Ayuntamiento presente un recurso de casación que, en estos momentos, prepara. A su vez, también está elaborando una nueva ordenanza "más afinada, equilibrada y ajustada a la experiencia acumulada", sin renunciar a los objetivos de calidad del aire y sostenibilidad, como sucede en ciudades como Madrid o Zaragoza. Aun así, Carnero no ha querido desvelar ningún tipo de detalle de lo que será la ZBE, sin descartar la posibilidad de reducir el perímetro actual, el cual abarca 1,1 kilómetros cuadrados, frente a los 3,1 kilómetros cuadrados previstos por el equipo de Gobierno anterior liderado por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

En este sentido, el acalde ha recalcado que la ordenanza actual "va a seguir aplicándose a su totalidad", y aunque no le guste el modelo de la ZBE, la cual ve "innecesaria", no puede suspender el régimen sancionador porque si lo hiciese "no tendría ningún efecto", ya que la Ley de Tráfico no lo permitiría. "No existe amparo legal que nos haga suspender el régimen sancionador de la ZBE, que fue anulada por la sentencia, y esta última va a ser recurrida", añade. "Vamos a actuar desde la más absoluta responsabilidad, no podemos hacer otra cosa que aplicar la ley", apunta. Es más, reconoce que la decisión también ha sido adoptada por "no comprometer las ayudas del transporte recibidas, que son sagradas, y el devenir de los vecinos y vecinas de Valladolid". 

En cuanto a la Consulta Pública "para mejorar la normativa", según expone el Ayuntamiento en una nota de prensa que recoge TRIBUNA, esta responde "a la necesidad de adaptar la ordenanza a la experiencia acumulada desde la implantación de la ZBE, y de incorporar innovaciones y mejores prácticas de otros modelos regulatorios". "Algunos de los objetos concretos de la futura modificación tienen que ver con optimizar el diseño técnico y operativo de la ZBE, clarificar y sistematizar conceptos normativos, adaptar la regulación a los nuevos patrones de movilidad urbana, e incorporar avances tecnológicos", añaden.

Por último, y después de "agradecer" la labor realizada por la Concejalía de Tráfico y Movilidad, Carnero ha puesto encima de la mesa datos que avalan el funcionamiento de la ZBE. Asegura que "solo el 3,8 por ciento de los vehículos que acceden a la zona carecen de etiqueta ambiental" y que "las propuestas de sanción representan apenas el 0,25 por ciento del total de tránsitos, frente al 0,52 por ciento registrado al inicio". De los cuales, el 70% de los sancionados no están empadronados en la ciudad. "Se están imponiendo aproximadamente 50 sanciones diarias tras la sentencia", concluyó.