El concejal de Tráfico y Movilidad de Valladolid, Alberto Gutiérrez, ha respondido con dureza a las recientes críticas del Grupo Municipal Socialista, calificando de "noticia falsa" las acusaciones sobre una supuesta irregularidad en el cobro de multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El edil ha defendido la legalidad de las sanciones y ha acusado al PSOE de actuar con un planteamiento "absolutamente demagógico e irracional".

La ordenanza sigue en vigor

Frente a la denuncia socialista, que sostiene que el Ayuntamiento mantiene las sanciones pese a la anulación de la ordenanza por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Gutiérrez ha aclarado que la normativa "actual sigue en vigor" mientras se resuelve el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo.

El concejal explicó que el equipo de gobierno ya está trabajando en una nueva ordenanza para subsanar el "defecto formal" señalado por la sentencia de la Asociación Liberum. De hecho, subrayó que en la última Junta de Gobierno se aprobó la modificación tanto del Plan de Movilidad Urbana (PIMUSBA) como del Plan de Calidad del Aire, pasos necesarios para la nueva regulación.

Críticas a la "hipocresía" del PSOE

Gutiérrez ha contraatacado recordando que el modelo de ZBE defendido por el anterior gobierno socialista era mucho más restrictivo. Según el concejal, el PSOE pretendía una zona de 3,2 km², frente a los 1,1 km² actuales, lo que habría supuesto sancionar a "muchísimos más vehículos", incluidos aquellos con etiqueta B.

"Es un contrasentido que quienes querían hacer una zona más extensa y sancionar más" critiquen ahora la gestión actual, ha señalado Gutiérrez, añadiendo que la postura socialista solo busca perjudicar la implantación de medidas necesarias para la calidad del aire.

El contexto de la polémica

Esta respuesta llega tras los datos facilitados por el PSOE, que cifra en 23.298 los expedientes sancionadores tramitados desde julio de 2025, con una media de 70 multas diarias y un importe potencial de 200 euros por infracción. Los socialistas habían acusado al Ayuntamiento de generar "inseguridad jurídica" y de actuar con "desidia" al no concretar un calendario tras el fallo judicial de marzo de 2026.

Sin embargo, desde la Concejalía de Tráfico se insiste en que los órganos técnicos están trabajando y que el proceso administrativo sigue los cauces legales para garantizar la seguridad jurídica de la zona una vez se apruebe la modificación definitiva.