Tras conocerse la admisión de la querella, González presentó su dimisión en la noche del martes, apenas dos horas después de que el sindicato mayoritario JUPOL exigiera públicamente su salida inmediata del cargo. El DAO, responsable de coordinar operativamente a los más de 76.700 agentes del cuerpo, aseguró posteriormente en declaraciones televisivas que su decisión de dimitir había sido voluntaria y adoptada "para no ensuciar el buen nombre de la Policía Nacional" y poder defenderse en condiciones, subrayando que su renuncia se produjo antes de que Interior le notificara el cese.

Reacciones de la plantilla y sindicatos

La noticia de la querella cayó como un "jarro de agua fría" entre los agentes. Varios miembros del cuerpo consultados describieron un estado de shock y sorpresa: "Nadie se lo podía esperar. Ha sido una auténtica sorpresa", comentaban algunos funcionarios. La preocupación de los agentes no solo se centra en el caso individual, sino también en proteger la reputación del cuerpo, evitando que la actuación de un mando pueda proyectar una imagen negativa sobre todos.

Los sindicatos policiales han optado por un discurso de prudencia. Sindicato Unificado de Policía (SUP) consideró la dimisión de González como coherente con la responsabilidad del cargo y remarcó que "la ejemplaridad en los puestos de alta dirección no es una opción, es una obligación". Añadieron que la investigación judicial debe desarrollarse "con total transparencia y sin interferencias".

Por su parte, el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que representa a los mandos, subrayó que cualquier juicio paralelo sería "prematuro e improcedente" y pidió "prudencia y serenidad", recordando que la presunción de inocencia es un derecho fundamental. Criticaron además el "daño reputacional" que pueden causar manifestaciones sindicales que, buscando protagonismo, reclaman dimisiones anticipadas sin esperar al proceso judicial.

Otros colectivos, como la Confederación Española de Policía (CEP), fueron más allá, responsabilizando políticamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien consideran "valedor" del exDAO y criticando que su prolongación en el cargo a través de un real decreto no sirva como cortafuegos ante la crisis. A pesar de ello, tanto Marlaska como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han asegurado que desconocían por completo los hechos denunciados, y fuentes policiales destacan que González contaba con un expediente "intachable" hasta el momento.

Investigación interna y procedimiento judicial

El Ministerio del Interior ha iniciado además una investigación interna para esclarecer si el comisario Óscar San Juan, considerado la mano derecha de González y también relevado de sus funciones, tenía conocimiento del supuesto caso de violación. Mientras tanto, la inspectora denunciante y González han sido citados a declarar el próximo 17 de marzo, un paso clave que permitirá avanzar en la instrucción judicial.

Representantes de la Unión Federal de Policía (UFP) han insistido en proteger tanto la imagen de la institución como a la víctima, recordando la importancia de garantizar la presunción de inocencia del exDAO y el respeto al procedimiento judicial: "Para nosotros es muy importante la imagen de la Policía y garantizar el respeto hacia el trabajo de los policías", indicó su portavoz, Carlos Quero.

Relevo en la cúpula policial

Mientras se resuelve la situación judicial, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso, ha asumido de manera interina la Dirección Adjunta Operativa. Barroso fue la primera jefa a quien la inspectora denunciante comunicó la querella, y según su abogado, la nueva DAO interina mostró una reacción inmediata de apoyo, animándola a seguir adelante y ofreciéndole todo el respaldo necesario.

El nombramiento de un nuevo DAO se realizará mediante un procedimiento especial regulado por la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional, que permite acortar los plazos y al que podrán presentarse los 111 comisarios principales que cumplan los requisitos establecidos.

Vinculación de José Ángel González con Valladolid

José Ángel González Jiménez, nacido en 1959 en Aguilar del Río Alhama, accedió al Cuerpo Nacional de Policía en 1984 tras su paso por la Academia General Militar.

Una parte destacada de su carrera estuvo ligada a Valladolid, donde dirigió durante cerca de dos décadas la VII Unidad de Intervención Policial (UIP). Más adelante fue comisario provincial en la misma ciudad durante nueve años, consolidando allí una etapa clave de su trayectoria profesional.

Posteriormente ocupó responsabilidades como comisario en Alicante y jefe superior de Policía en Melilla y Aragón, hasta su nombramiento en 2018 como director adjunto operativo, el segundo puesto de mayor responsabilidad dentro del organigrama policial.

Desde esa posición ha participado en la coordinación de dispositivos de seguridad en episodios de especial relevancia nacional, como la respuesta policial tras la sentencia del procés o la gestión operativa durante la pandemia de Covid-19. También compareció en el marco de la investigación parlamentaria del denominado caso Gali.

En el plano institucional, ha sido distinguido con la Gran Cruz del Mérito Militar en 2023 y la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en 2024. Ese mismo año, el Gobierno modificó la normativa vigente para permitir su continuidad al frente de la dirección adjunta operativa más allá de la edad ordinaria de jubilación.

El impacto en la Policía y la sociedad

La crisis desatada ha generado preocupación y vergüenza entre la plantilla, que se encuentra dividida entre proteger a la víctima y salvaguardar la imagen de la institución. Expertos en comunicación institucional destacan que la gestión de la situación será clave para que la Policía Nacional mantenga la confianza de la ciudadanía, considerada históricamente una de las instituciones más valoradas en España.

En paralelo, los sindicatos continúan monitoreando el caso y defendiendo que la investigación judicial se desarrolle sin interferencias, mientras la sociedad y los medios siguen de cerca los avances de un proceso que, por su naturaleza y alcance, podría marcar un antes y un después en la percepción pública del cuerpo policial.