La Audiencia Provincial de Valladolid ha suspendido este lunes, 16 de febrero, el juicio contra cuatro personas acusadas de defraudar más de 100.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, que estaba previsto celebrarse en la sede judicial. La suspensión se ha producido debido a la ausencia de uno de los procesados y a que el fiscal consideró que otro de ellos, que iba a seguir la vista por videoconferencia, no estaba suficientemente identificado. La nueva fecha para el juicio ha sido fijada para el 16 de abril, cuando previsiblemente las partes podrían alcanzar un acuerdo que deberá ratificarse en Sala.

Según el fiscal, los acusados crearon y gestionaron diversas empresas de tareas agrarias que se cerraban tras generar deudas, continuando con la misma actividad bajo nuevos nombres. Desde mayo de 2018, uno de los procesados, identificado como F.M.C., realizó trabajos de recolección, viñedo y cultivo para distintos agricultores y, según la acusación, urdió un plan para defraudar a la Seguridad Social.

El modus operandi consistía en registrar empresas a nombre de distintas personas —los otros acusados— dándoles de alta como autónomos y empresarios individuales, mientras que F.M.C. continuaba siendo el administrador de hecho. Una vez que estas empresas acumulaban deudas, eran cerradas o dejadas inactivas, continuando la actividad bajo nuevas sociedades o empresarios individuales.

Además, F.M.C. habría falsificado documentos, alterando fechas de inicio de relaciones laborales y manipulando huellas digitales. El importe principal del fraude asciende a 105.719,09 euros, correspondiente al periodo entre mayo de 2018 y mayo de 2021.

El Ministerio Fiscal solicita para cada acusado tres años y nueve meses de prisión, una multa de 300.000 euros y la pérdida de acceso a subvenciones, ayudas públicas e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años. Por el delito continuado de falsedad documental, pide además para F.M.C. dos años y nueve meses de prisión y doce meses de multa con cuota diaria de diez euros. En concepto de responsabilidad civil, se reclama que los cuatro procesados indemnicen solidariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social con el total defraudado.