Tres asociaciones de Valladolid han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra seis consejeros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, entre ellos el alcalde, Jesús Julio Carnero, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, por presuntamente entorpecer el proceso de integración ferroviaria en la ciudad.

La denuncia ha sido presentada por la Asamblea Ciclista de Valladolid, la Asociación Cultural Ciudad Sostenible y el Ateneo Republicano de Valladolid, que acusan a los responsables de usar su posición en el consejo de administración para impedir la licitación y ejecución de obras ya proyectadas, lo que consideran una "obstaculización intencionada sin sustento técnico".

Acusación de administración desleal

La denuncia se dirige también contra los concejales del Ayuntamiento de Valladolid Alberto Gutiérrez Alberca, responsable de Movilidad, y José Ignacio Zarandona Fernández, titular de Urbanismo, así como contra Ángel Marinero Peral, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y María Pardo Álvarez, directora general de Urbanismo.

Los denunciantes consideran que todos ellos podrían haber incurrido en un delito de administración desleal al impedir actuaciones como:

• La no licitación de los pasos ferroviarios de Ariza
• La negativa al derribo del viaducto del Arco de Ladrillo
• La paralización del paso de San Isidro
• La falta de ejecución de la nueva estación de autobuses en Delicias

Según sostienen, estas decisiones han supuesto la paralización de la actividad de la sociedad y de proyectos clave para la movilidad urbana.

Acusan a los responsables de priorizar el soterramiento

Las asociaciones aseguran que el único objetivo de los denunciados ha sido mantener una postura política favorable al soterramiento ferroviario, una opción que, afirman, ya fue descartada por falta de viabilidad técnica y financiera.

En su comunicado, califican lo ocurrido como una "estrategia de bloqueo injustificable" bajo el lema "soterramiento o nada", que habría frenado actuaciones necesarias para mejorar la conectividad urbana.

Petición de investigación y declaraciones

La denuncia recuerda que el convenio de integración ferroviaria vincula a instituciones como el Ayuntamiento, la Junta, Adif y Renfe, y subraya que su finalidad responde al interés público de la ciudad y no a intereses comerciales.

Por ello, las asociaciones han solicitado a la Fiscalía que:

• Investigue los hechos y recopile documentación societaria y administrativa
• Analice las posibles consecuencias económicas y de interés público
• Tome declaración como testigos al resto de consejeros, incluido el presidente de la sociedad, la secretaria del consejo y el director general

A su juicio, las actuaciones denunciadas podrían revelar una gestión infiel del patrimonio público y una falta deliberada de diligencia institucional.