El fiscal ha ratificado este jueves, 12 de febrero, su solicitud de tres años y medio de prisión para un guardia civil acusado de un delito de revelación de secretos por el acceso presuntamente indebido a una base de datos policial. Los hechos se han abordado en la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde la defensa ha solicitado la absolución del acusado.

Según mantiene la acusación pública, el procesado habría accedido en varias ocasiones al fichero policial INTPOL para consultar información reservada sobre el inquilino de una vivienda de su propiedad y sobre el tío de este, que actuaba como avalista del contrato de alquiler. El fiscal sostiene que el agente utilizó su condición de guardia civil "sin que mediara causa legal y a sabiendas de que carecía de autorización" para realizar dichas consultas.

El acusado, un hombre de 40 años, se ha declarado inocente y ha defendido que sí contaba con el consentimiento de ambas personas para comprobar sus datos. En su declaración, ha asegurado que ese permiso se produjo en el marco de un contrato de arras previo al arrendamiento, en el que constaba su profesión, y que tanto el inquilino como su tío le autorizaron a verificar que no tenían antecedentes y que eran "personas de fiar".

Antes del inicio del juicio, el fiscal solicitó la suspensión de la vista al no haberse podido localizar al inquilino, quien presentó la denuncia contra el agente. El tribunal rechazó esta petición al considerar que el denunciante tampoco fue localizado durante la fase de instrucción y que sí podía comparecer el avalista.

El tío del denunciante declaró como testigo y confirmó que se ofreció como avalista de su sobrino, señalando que al inicio del contrato el alquiler se abonó con normalidad, aunque posteriormente los pagos dejaron de realizarse o se hicieron de forma parcial. Asimismo, afirmó que autorizó al acusado a consultar tanto sus datos como los de su sobrino y relató que, tras los problemas con el pago y el anuncio de una denuncia, mantuvieron una discusión y perdieron el contacto.

En sus conclusiones, el fiscal ha subrayado que el acusado accedió a una base de datos que contiene información "reservada, sensible y especialmente protegida". Además de la pena de prisión, solicita una multa de 7.200 euros, correspondiente a veinticuatro meses a razón de diez euros diarios, y una inhabilitación absoluta para el ejercicio del cargo durante nueve años.

Por su parte, la defensa ha insistido en que existió autorización expresa para la consulta de los datos y ha cuestionado la acusación al señalar que el denunciante no acudió a ratificar la denuncia ni declaró durante la instrucción ni en el juicio. En este sentido, ha argumentado que no se debe "primar a quien tira la piedra y esconde la mano".