Cuatro personas se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Valladolid acusadas de haber defraudado más de 100.000 euros a la Seguridad Social mediante la creación de empresas agrarias que se cerraban de forma sistemática una vez acumulaban deudas, para continuar después con la misma actividad bajo nuevas denominaciones.

Según las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan al menos a mayo de 2018, cuando uno de los procesados, identificado como F.M.C., que realizaba trabajos de recolección, viñedo y cultivo para distintos agricultores, habría ideado un plan para eludir el pago de las cotizaciones sociales.

La Fiscalía sostiene que el acusado generaba deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social a través de empresas individuales que no tenía intención de saldar. Para ello, constituía sucesivos negocios con una actividad y plantilla similares, pero registrados a nombre de distintas personas —los otros encausados—, a quienes daba de alta como autónomos y empresarios individuales. De este modo, evitaba figurar formalmente como deudor, aunque, según la acusación, continuaba actuando como administrador de hecho.

Una vez que estas empresas acumulaban impagos, eran cerradas o quedaban inactivas, mientras la actividad se retomaba bajo la apariencia de una nueva empresa o empresario individual. De acuerdo con la Fiscalía, esta operativa permitió eludir entre mayo de 2018 y mayo de 2021 una deuda principal de 105.719,09 euros.

Además, el ministerio público atribuye a F.M.C. la elaboración de documentación falsa, al considerar que manipuló fechas de inicio de relaciones laborales y huellas digitales en distintos documentos, que no reflejaban la realidad de los hechos.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para cada uno de los cuatro acusados una pena de tres años y nueve meses de prisión por un delito de fraude a la Seguridad Social, así como una multa de 300.000 euros. También reclama la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y a beneficiarse de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de seis años.

De forma adicional, para F.M.C. se interesa una condena de dos años y nueve meses de prisión y doce meses de multa, con una cuota diaria de diez euros, por un delito continuado de falsedad documental.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pide que los procesados indemnicen de manera conjunta y solidaria a la Tesorería General de la Seguridad Social con la cantidad defraudada. El juicio está previsto que se celebre los próximos días 16 y 18 de febrero.