La familia de Sergio Delgado, el joven vallisoletano asesinado en Burgos en febrero de 2024, está analizando la interposición de acciones legales contra un profesor de la Universidad de Valladolid (UVa) que justificó públicamente el crimen en la red social X. El juicio por la muerte del joven se celebra esta semana en la Audiencia Provincial de Burgos.
El mensaje, publicado el 25 de febrero de 2024, un día después de los hechos, desde una cuenta con nombre e imagen genéricos, afirmaba que, de ser cierto el motivo del ataque, se trataba de "un asesinato muy merecido". Estas declaraciones han llevado a la Universidad de Valladolid a emitir un comunicado este miércoles, 4 de febrero, en el que confirma que ha iniciado los trámites correspondientes conforme a su normativa interna.
Por el momento, la familia de la víctima ha manifestado que no realizará más declaraciones públicas mientras dure el proceso judicial. No obstante, ha advertido de que, una vez concluida esta fase, emprenderá "todas las acciones legales necesarias" para proteger la memoria de Sergio Delgado y la dignidad de sus allegados.
Además, los familiares han reclamado al rector de la UVa, Antonio Largo Cabrerizo, la adopción de medidas disciplinarias contundentes contra el docente, entre ellas su expulsión de la institución y la inhabilitación para ejercer en cualquier otro centro académico.
Una disculpa que no convence
La Universidad de Valladolid también ha trasladado este miércoles una carta firmada por el profesor implicado, Héctor Felipe Mateo, en la que expresa su "arrepentimiento sincero" por el comentario publicado y asegura no identificarse actualmente con aquellas palabras.
Sin embargo, la familia de Sergio Delgado considera que esta rectificación responde únicamente a la presión social generada en los últimos días. A su juicio, ni la retirada de los mensajes ni una disculpa pública compensan el daño causado ni reducen la gravedad de lo ocurrido.
Los allegados sostienen que el impacto emocional y moral de esas manifestaciones sigue vigente y que la eliminación de los contenidos no exime de una posible responsabilidad penal o disciplinaria. En este sentido, han subrayado que unas disculpas "carecen de valor" si no van acompañadas de un reconocimiento explícito de la gravedad de los hechos, la asunción de responsabilidades y consecuencias proporcionales al daño causado, advirtiendo además de la posible existencia de delitos contra la integridad moral y de odio.








