Esther López desapareció la recordada y fatídica madrugada del 12 al 13 de enero del año 2022 en Traspinedo, un suceso que derivó semanas después en el hallazgo de su cuerpo y en una de las investigaciones judiciales más largas y complejas de la provincia. Cuatro años después, el presunto asesinato de la joven sigue sin una sentencia firme, aunque la causa ha dado en los últimos meses un paso decisivo con la futura apertura de juicio oral.

Aquella noche marcó un antes y un después para la familia de Esther y para todo el municipio. Tras pasar la noche con amigos, la joven desapareció sin dejar rastro, lo que activó una intensa búsqueda en la que participaron vecinos, voluntarios y efectivos de distintos cuerpos de seguridad. El 5 de febrero, su cuerpo fue localizado en una cuneta a las afueras del pueblo, dando inicio a una instrucción judicial que desde el principio estuvo rodeada de incertidumbre, dolor y una fuerte presión social.

La jueza instructora del caso ha sostenido a lo largo del procedimiento que existen indicios de criminalidad contra Óscar S. M., el principal sospechoso. Según recoge la causa, Esther habría sido atropellada de forma violenta, sin que se le prestara auxilio posteriormente, y su cuerpo habría sido trasladado y ocultado hasta el momento de su aparición. Pese a la gravedad de los indicios, el investigado ha permanecido en libertad durante toda la instrucción, una circunstancia que ha generado una profunda indignación en la familia.

El sufrimiento acumulado durante estos años ha sido expuesto públicamente en numerosas ocasiones por los allegados de Esther. En febrero, en una entrevista concedida a Tribuna Valladolid, su abogado, Guillermo Ruiz, expresó con dureza su incomprensión ante la situación procesal del investigado: "No cabe en la cabeza de nadie que Óscar siga en libertad", afirmó, insistiendo en que la familia vive una lucha constante contra el desgaste emocional y la sensación de que la justicia avanza con excesiva lentitud. En este sentido, el propio Ruiz espera que el juicio se celebre este año: "Para el juicio queda seleccionar al jurado, y llamar a esos posibles candidatos. Habrá alguna discusión de la prueba a practicar el propio día del juicio, pero sería de esperar que durante este 2026 lo hiciésemos".

Ese mismo mes, también en una entrevista con Tribuna, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, reconoció públicamente el impacto humano del caso. "Soy consciente del inmenso dolor que supone para la familia", señaló, subrayando la necesidad de respetar el proceso judicial, pero sin obviar la dureza de una espera tan prolongada. Tras años de diligencias, informes periciales, recursos y declaraciones, la causa ha entrado recientemente en una fase clave. A finales de 2025, la jueza acordó la apertura de juicio por asesinato contra el investigado, un paso que fue recibido por la familia como "el final de una pesadilla", al entender que, por fin, el caso se encamina hacia un juicio con jurado popular, donde se analizarán de forma pública todas las pruebas practicadas durante la instrucción.

Este avance no supone aún un pronunciamiento sobre la culpabilidad del acusado, que continúa amparado por la presunción de inocencia, pero sí cierra una de las etapas más largas y dolorosas del procedimiento. Para la familia de Esther, el juicio representa la oportunidad de esclarecer definitivamente qué ocurrió aquella madrugada y de obtener una respuesta judicial tras cuatro años de incertidumbre. En este cuarto aniversario, el caso continúa abierto, pero con la esperanza de que el proceso judicial permita poner fin a una historia marcada por el dolor, la lucha constante y la exigencia de que se haga justicia de una vez por todas.