El juicio contra 23 personas acusadas de fraude en la presunta reventa de ataúdes en Valladolid comenzará el próximo lunes en la Audiencia Provincial, con la exposición de las cuestiones previas, y está previsto que se prolongue hasta el 9 de junio.

La vista oral abordará hechos ocurridos entre 1995 y febrero de 2015 y contará, en principio, con la comparecencia de 239 testigos y diecisiete peritos, según el calendario judicial.

Un supuesto plan para aumentar beneficios

La Fiscalía sostiene en sus conclusiones provisionales que el máximo responsable de la Funeraria Castellana y Parque El Salvador diseñó un sistema para maximizar los beneficios económicos a costa de los usuarios de sus servicios.

Según el ministerio público, el plan se apoyaba en los servicios de incineración realizados en el Cementerio-Jardín. En una primera fase, los ataúdes eran retirados justo antes de la cremación, desviando así el destino previsto, que obligaba a incinerar al fallecido junto con el féretro.

Posteriormente, los ataúdes eran devueltos al tanatorio y puestos de nuevo a la venta, sin informar a los familiares de su uso anterior.

Sin conocimiento de las familias

La Fiscalía afirma que las familias de los fallecidos que iban a ser incinerados desconocían completamente esta práctica, ya que no se les permitía presenciar el momento en que el féretro entraba en el crematorio.

Asimismo, los allegados de los nuevos fallecidos tampoco eran informados, ya que los ataúdes reutilizados se vendían como nuevos, pese a haber sido utilizados anteriormente en otros servicios funerarios.

Para llevar a cabo este sistema, según el fiscal, era necesaria la colaboración de varios empleados, también acusados en el procedimiento.

Los féretros presuntamente reutilizados se almacenaban en zonas restringidas, como la sala de autopsias, salas velatorias cerradas al público o almacenes anexos, sin acceso para personas ajenas a la empresa. Habitualmente, eran trasladados al tanatorio al final de la jornada para su reventa, ocultando su procedencia real.

También se reutilizaban flores de los velatorios

La Fiscalía sostiene que esta práctica se extendió también a los elementos florales utilizados en los velatorios. Cuando las familias no se llevaban las coronas o ramos, los trabajadores los recogían y los preparaban para reutilizarlos.

En el tanatorio, las flores en peor estado eran sustituidas por otras frescas, y los arreglos eran ofrecidos de nuevo en otros velatorios, sin informar de que ya habían sido utilizados previamente.

Los acusados se enfrentan a delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, delito contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía solicita penas que oscilan entre los veinte años de prisión para los principales acusados y los dos años para los implicados con menor responsabilidad.

Según fuentes del caso, la supuesta trama habría implicado la retirada y reutilización de cerca de 6.000 féretros durante dos décadas, entre 1995 y 2015.