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Penas de prisión para tres personas por traficar 862 kilos de droga en carbón procedente de Colombia
Las acusaciones se centraron en la llegada de los contenedores con la droga al puerto de Sines, con destino a un centro logístico situado en Medina del Campo
La Audiencia Provincial de Valladolid ha impuesto penas de prisión que van de los ocho años y seis meses a los cuatro años y seis meses a tres acusados por traficar con 862 kilogramos de droga ocultos en carbón, que llegaron a Europa a través del puerto portugués de Sines procedente de Colombia.
La sentencia establece ocho años y seis meses de prisión y una multa de 1.500.000 euros para uno de los procesados, natural de Bilbao, y siete años y siete meses de cárcel con la misma sanción económica para otro, residente en Baracaldo. El tercer encausado, de nacionalidad argelina, también ha sido condenado por tráfico de drogas, aunque en grado de tentativa, recibiendo una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 750.000 euros.
Las acusaciones, según consta en el juicio celebrado en noviembre durante tres sesiones, se centraron en la llegada de los contenedores con la droga al puerto de Sines, en Portugal, con destino a un centro logístico situado en Medina del Campo (Valladolid).
El 23 de abril de 2021, la Autoridad Aduanera y Tributaria portuguesa detectó cocaína oculta en uno de los contenedores. Tres días después, dos de los acusados viajaron a Portugal para aportar la documentación necesaria para retirar los contenedores. Posteriormente, se dirigieron a España, haciendo noche en hoteles de Badajoz y Madrid antes de llegar a Medina del Campo el 28 de abril para recibir la carga.
La Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional autorizó un tránsito vigilado y una entrega controlada del contenedor desde el puerto de Sines hasta su destino en España. Los acusados transportaron los contenedores en camiones y llegaron a la nave de Medina sobre las 8.30 horas del 29 de abril, momento en el que abrieron el recinto para recibir la mercancía.
La sentencia concluye así un caso que implicó la coordinación de autoridades portuguesas y españolas para interceptar un cargamento de gran volumen y desarticular la red de tráfico internacional.
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