El conflicto judicial entre un agente de la Policía Municipal y el Ayuntamiento por el pago íntegro de su permiso de paternidad suma un nuevo capítulo en su historia. Según ha podido saber TRIBUNA, el Consistorio ejecutó el abono de las cantidades correspondientes al policía, pero ahora solo lo hará de forma parcial (va a perder la retribución de las seis semanas obligatorias después de pagarle las mismas), en cumplimiento de una nueva sentencia dictada, al ser anulada a instancia del Ayuntamiento, favorable al trabajador, ya que este último ganó el último juicio que reunió a ambas partes.

El agente afectado, que prefiere mantener el anonimato, ha compartido un extenso comunicado -al que ha tenido acceso TRIBUNA- en el que manifiesta su "profunda indignación y tristeza" por el desenlace del proceso, que se ha prolongado durante más de tres años.

El origen: la cotización y un silencio administrativo

El origen del problema radicó en una "disfunción" administrativa: el policía, anteriormente adscrito a las Fuerzas Armadas, cotizaba al régimen de ISFAS, que no cubre las prestaciones por paternidad, "a diferencia de la Seguridad Social". Esa circunstancia provocó que, al solicitar el permiso correspondiente, el Ayuntamiento tuvo que asumir directamente el pago de la retribución en cuestión. El agente inició un procedimiento judicial al considerar que no se le había abonado íntegramente lo que le correspondía. La primera sentencia, dictada a su favor, reconocía sus pretensiones y obligaba al Ayuntamiento a pagar una cantidad determinada.

No obstante, el servicio jurídico del Consistorio solicitó una aclaración de la sentencia, al entender que el juez había incurrido en "un error de cálculo" y que algunas de las cuantías reclamadas no procedían por haber sido ya abonadas o no haber sido solicitadas en tiempo y forma. Finalmente, el magistrado dictó un nuevo auto que corregía la resolución inicial, estimando solo parcialmente la demanda del trabajador. Como consecuencia, el agente deberá devolver parte del dinero (4.000 euros) que percibió tras la ejecución provisional de la última sentencia.

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco de Paula, explicó a TRIBUNA que "el Ayuntamiento no puede pagar más de lo que marca la ley porque se trata de dinero público". Además, asegura que "si los servicios jurídicos detectan una resolución que podría perjudicar los intereses del consistorio, su obligación es recurrirla".

Por otro lado, señaló que ya se han mantenido conversaciones con el Ministerio de Defensa para evitar que se repita este tipo de disfunciones en el futuro, y recalcó que "el Ayuntamiento asume y ejecuta la sentencia estimatoria parcial en todos sus términos".

"No pido privilegios, solo justicia"

El agente afectado ha cargado contra la decisión tomada por el equipo de Gobierno, al que acusa de haber utilizado una "argucia legal" para revocar una sentencia que, según él, le reconocía un derecho fundamental: el de cuidar a su hijo recién nacido. "Dicho sea de paso, esta ciudad -sus ciudadanos y también sus trabajadores públicos- merecen un servicio jurídico que actúe con humanidad, con empatía, sentido común y decencia, no con saña ni frialdad burocrática. No merecemos menos", apunta.

"Esta lucha no va solo del dinero que me quitan de la nómina. Va del derecho de mi hijo a estar con su padre", expone también el agente en su comunicado compartido por este medio de comunicación. En este sentido, denuncia descuentos en nómina "sin previo aviso, ni resolución y sin respetar los mínimos legales", así como "promesas incumplidas" por parte del área de Personal y una actitud "inhumana y contraria al espíritu de la ley que protege la conciliación familiar". Es más, este agente asegura que el concejal se comprometió a que "cuando hubiera sentencia favorable, procederían al abono", a pesar de "volver a detraer la nómina completa en el mismo mes en el que salió la sentencia estimatoria". "A continuación, pidieron la nulidad de la misma. Sí que debe estar mal de dinero el Ayuntamiento para molestarse tanto en este caso", reitera.

El policía subraya, además, lo que considera una arbitrariedad. "Mientras a mí se me niega el derecho a cuidar de mi hijo, otros -como el propio concejal de Personal, que ha sido padre recientemente- pueden ejercerlo sin trabas. ¿Por qué mi hija sí tiene derecho a estar conmigo, y mi hijo no?", se pregunta. "Que quede claro que el Ayuntamiento en el caso de mi hija, sí que me abona el permiso de paternidad. A pesar de que aplica retenciones de IRPF, en contraposición de una sentencia del supremo de 2018 y un real Decreto-Ley de 2019 que dice que el permiso de paternidad va sin retención de IRPF. Ahora va a resultar que el Ayuntamiento es más recaudador que la propia hacienda, a la que, cuando consulté, no se lo creía", comentó.

En cualquier caso, insiste en que no está pidiendo "trato de favor", sino igualdad ante la ley, porque considera que lo ocurrido sienta un peligroso precedente para otros trabajadores en situación similar. "A veces, durante este largo proceso, hemos tenido la desagradable impresión de que ciertas decisiones dentro de ese departamento se toman con un rigor o una dureza difícil de entender, como si existiera una predisposición negativa hacia determinadas personas o colectivos. Si es así, sería profundamente lamentable", asegura.

Por último, anuncia que "esta sentencia no es el final", sino "el principio". "Porque el final no puede ser una resolución que conculca toda la legislación vigente en materia de permisos de paternidad y vulnera el espíritu de igualdad que inspira nuestra normativa laboral y constitucional. Seguiré luchando hasta conseguir justicia, por todos los medios legales posibles, porque lo que está en juego no es solo mi derecho, sino el de todos los padres que creen en una conciliación real, humana y justa", concluye.

Un caso que reabre el debate sobre la empatía institucional

El caso no solo ha levantado polémica en los tribunales, sino también en el ámbito sindical, donde se cuestiona hasta qué punto las administraciones públicas aplican con suficiente empatía las normas laborales cuando se trata de derechos vinculados a la conciliación familiar.

Desde el Ayuntamiento, Francisco de Paula ha reconocido "el disgusto" que puede suponer la resolución para el agente, pero ha reiterado que "ya no hay más instancias judiciales" y que, como administración, deben "asumir y ejecutar lo que dictan los tribunales". El caso queda zanjado judicialmente, pero abierto hasta que el policía no diga lo contrario, ya que lo que comenzó como una reclamación laboral ha terminado con un comunicado que muestra el sentir del afectado, el cual deberá cuidar a sus dos hijos sin un respaldo económico suficiente.