Un grupo de asociaciones y entidades sociales de Valladolid está ultimando una querella contra el alcalde, Jesús Julio Carnero, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quienes consideran responsables de un presunto delito de administración desleal por su "oposición injustificada" a la integración ferroviaria en la ciudad.

La acción judicial, que será presentada "de forma inminente" ante el Tribunal Supremo, se está promoviendo desde la Plataforma por la Integración Ferroviaria, formada por las asociaciones AC Ciudad Sostenible, ARBA-Va, ASCIVA, Asociación Ciclista La Curva, Aldea Pucela y Adelante Valladolid, según explicó su portavoz, Susana Ordóñez, a EFE.

El grupo promotor ha desvinculado esta iniciativa de los partidos políticos que integran también la plataforma, PSOE, IU y Valladolid Toma la Palabra, y ha defendido que el procedimiento se basa en una documentación técnica sólida, sin "apelaciones al sentido común".

La querella también incluirá a otros miembros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) que votaron en contra de impulsar los pasos de Ariza, concretamente Alberto Gutiérrez Alberca, José Ignacio Zarandona Fernández, Ángel Marinero Peral y María Pardo Álvarez.

El conflicto ferroviario se remonta a la anterior legislatura, cuando la SVAV, con el apoyo del Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Valladolid (entonces gobernado por Óscar Puente) y la Junta de Castilla y León,  apostó por la integración ferroviaria como solución técnica y económicamente viable para mejorar la movilidad urbana.

Sin embargo, tras las elecciones de 2023, el nuevo alcalde Jesús Julio Carnero (PP) cumplió su promesa electoral de retomar el proyecto de soterramiento, postura que ahora comparte la Junta de Castilla y León, en contraste con la del Ministerio, que rechaza la operación por su falta de viabilidad económica.

Esta divergencia institucional ha derivado en la paralización de varios pasos subterráneos y elevados incluidos en el plan de integración y en el planteamiento del Ministerio de liquidar la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, al considerar que no existe voluntad de avanzar en el proyecto vigente.