La madre de la pequeña Sara, quien fue víctima de una brutal agresión sexual días antes de ser asesinada el 3 de agosto de 2017 en su casa del barrio de la Rondilla, ha obtenido recientemente el tercer grado penitenciario. Este régimen, también conocido como semilibertad, implica que solo debe acudir a prisión para dormir.

Tal y como publica el Diario de Valladolid, Instituciones Penitenciarias (II.PP.) ha otorgado esta medida a Davinia Muñoz, de 45 años, teniendo en cuenta su buen comportamiento durante su estancia en el centro penitenciario de Brieva (Ávila), el hecho de haber cumplido cerca del 75 % de su condena —establecida en 12 años y 11 meses—, así como su compromiso de abonar la indemnización correspondiente por responsabilidad civil.

Davinia ha optado por cumplir esta última fase de su condena en el Centro de Inserción Social (CIS) 'Máximo Casado', ubicado en la localidad vallisoletana de Santovenia. La decisión fue adoptada tras la propuesta favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión de Brieva, que elevó la recomendación a los Servicios Centrales de II.PP., donde finalmente recibió la aprobación.

La información del Diario de Valladolid, afirma que esto ocurrió a pesar de que, en un primer momento, la Fiscalía se opuso a conceder el tercer grado debido a la extrema gravedad del delito. No obstante, el Ministerio Público terminó por no recurrir la decisión, al valorar los informes altamente positivos, la evolución favorable de la interna, los múltiples permisos que se le habían concedido sin incidentes, y su actitud constante de esfuerzo y colaboración en el centro penitenciario de Ávila.

El abogado de Davinia Muñoz, exmilitar natural de Valladolid, rehusó hacer declaraciones sobre la noticia de la concesión del tercer grado, alegando que su clienta así lo había solicitado, invocando su derecho a la privacidad y su deseo de reconstruir su vida alejada de la atención mediática.

La resolución de Instituciones Penitenciarias ha generado polémica. Algunas fuentes la consideran prematura, opinando que el tiempo que ha pasado en la cárcel no es suficiente para justificar la semilibertad, dado que solo han transcurrido ocho años desde el asesinato de la pequeña Sara. Sin embargo, personas cercanas a Davinia, que en el momento de los hechos servía como cabo en el Palacio Real de Valladolid, sostienen que ha cumplido los criterios exigidos para progresar de grado.

Aunque su abogado evita hacer declaraciones ahora, meses atrás había señalado a este diario que Davinia se encontraba "muy centrada" en cumplir su condena de la mejor manera posible.

En noviembre de 2022, tras más de cinco años encarcelada, recibió su primer permiso de cuatro días, seguido por otros más, todos sin ningún tipo de incidente. Así lo detalló su defensor a finales de 2023, subrayando que acumulaba más de cinco permisos y era considerada una reclusa de confianza. Añadió también que su hija mayor, A., ya es mayor de edad desde hace medio año y mantiene una relación afectuosa con su madre, sin reproches, superando los obstáculos legales que impedían el contacto entre ambas.

Davinia ingresó en prisión en agosto de 2017, poco después de su detención. Debido a su condición de militar, inicialmente fue recluida en la prisión militar de Alcalá de Henares. Tras su expulsión del Ejército a comienzos de 2020, pasó a cumplir condena en centros penitenciarios como Madrid I para mujeres, Soto del Real y, finalmente, Brieva.

La exmilitar fue declarada culpable por un jurado popular tras un juicio seguido con gran cobertura mediática en toda España. Fue condenada a doce años y once meses de prisión: diez años por asesinato en modalidad de comisión por omisión (por no impedir la acción de su entonces pareja, Roberto Hernández, mecánico de profesión), y otros dos años y once meses por tres delitos de maltrato y uno de maltrato continuado hacia su hija Sara, de 4 años. 

Sara fue ingresada en el Hospital Clínico de Valladolid el 2 de agosto de 2017 con muerte cerebral, y falleció pasada la medianoche debido a la gravedad de sus heridas. Al día siguiente, la Policía detuvo tanto a Roberto Hernández, acusado de violación y agresión, como a Davinia Muñoz. Ambos fueron enviados a prisión preventiva por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid.

El juicio se celebró en mayo de 2019 en la Audiencia Provincial de Valladolid. Inicialmente, Davinia fue condenada a 25 años por asesinato, más otros dos años y 11 meses por maltrato, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León redujo la pena de asesinato a 10 años, al considerar que no podía aplicarse dos veces la misma agravante (principio de 'non bis in idem'). En cambio, los recursos presentados por Roberto Hernández fueron rechazados, confirmándose su condena a prisión permanente revisable (la primera dictada en Castilla y León), además de otros 22 años por diversos delitos.

Ambas condenas han sido mantenidas firmes a pesar de haber sido recurridas ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, en el caso de Roberto, incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La posibilidad de recuperar la libertad es muy diferente para Roberto Hernández, ex pareja de Davinia y mecánico natural de Medina, de 43 años. Él ha sido condenado a prisión permanente revisable además de 22 años adicionales de prisión, siendo la primera sentencia de ese tipo en Castilla y León. Según la normativa penitenciaria aplicable, no podría solicitar su primer permiso hasta cumplir aproximadamente 18 años de condena, lo que al haber ingresado en prisión en agosto de 2017 situaría la esperanza de su primer permiso en el año 2035.

Desde su ingreso en agosto de 2017, ha estado cumpliendo condena en el centro penitenciario de Valladolid, hasta que hace unas semanas fue trasladado a la cárcel de La Moraleja, en Dueñas.

El Tribunal Supremo, en mayo de 2020, ratificó la pena de prisión permanente revisable para Roberto por el asesinato y violación de la niña Sara, confirmando asimismo los 22 años adicionales de prisión, mientras que confirmó la condena de Davinia a 10 años por el asesinato por omisión y 2 años y 11 meses por maltrato.