La Junta de Castilla y León inició, hace justo dos años, las obras de la rehabilitación intregal del edificio administrativo ubicado en la Plaza Madrid. Se trata, en concreto, de la antigua sede de la Delegación de Hacienda del Gobierno de España. El proyecto, que contaba con un plazo de ejecución de 30 meses, llevó consigo un coste de 14 millones de euros, de los cuales 6 procedieron de fondos europeos.

La Consejería de Economía y Hacienda realizó la comprobación del replanteo de estas obras, licitándose la ejecución de las mismas mediante Orden de 12 de agosto a la empresa Constructora San José S.A. Cabe recordar que este centro administrativo regional de 7.200 metros cuadrados erigido en 1930 podría alcanzar una opupación aproximada de "300 trabajadores" en un edificio nuevo totalmente accesible y equipado, que va cogiendo forma. 

Este inmueble objeto de rehabilitación forma parte del patrimonio inmobiliario de la Junta de Castilla y León tras la permuta de inmuebles llevada a cabo entre la Administración General del Estado y la Junta en el 2014. Desde ese año, el edificio no se ha usado, por lo que la Junta inició el proceso para darle un uso dada su ubicación y las necesidades de la Administración autonómica. Se agruparán, de hecho, organismos y unidades funcionales. 

Esto permitirá reducir las cargas en arrendamiento y la liberación de alquileres que, actualmente, se soportan. Con la rehabilitación iniciada se conseguirá un edificio público que se integra perfectamente en el entono del centro urbano, reutilizar un inmueble emblemático, así como reactivar económicamente el centro de la ciudad.

Las actuaciones constructivas suponen que los econocimientos globales y refuerzos puntuales de la estructura queden afectados, un reacondicionamiento de espacios administrativos interiores; una dotación de instalaciones, equipamientos tecnológicamente avanzados y reconocida eficiencia y eficacia energética; y una mejora de las condiciones de aislamiento térmico y acústico de cerramiento exteriores. Estos factores facilitarán la calificación del edificio como avanzado en términos medioambientales, tecnológicos, constructivos y ergonómicos.

Por otra parte, el contrato de obra incorpora, además de otras cláusulas sociales, la obligación de ejecutar un proyecto de inserción socio-laboral, lo que supone que un mínimo del 3 % de las horas de trabajo deben de ser realizadas por personas en situación o riesgo de exclusión social residentes en Castilla y León.