El último acusado que quedaba por juzgar de una red dedicada al tráfico de sustancias dopantes para culturistas, y que eran distribuidas en gimnasios y por internet, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para evitar entrar en prisión como ya hicieron 10 de los 12 integrantes de esta trama juzgados en febrero.

El acusado, P.R.G., que se encontraba enfermo cuando se celebró el primer juicio, se enfrentaba a una petición inicial de cuatro años de cárcel por delitos contra la salud pública y organización criminal. Pena que este martes, en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, ha quedado reducida a un año de cárcel en virtud del pacto al que ha llegado con el fiscal a cambio de reconocer los hechos.

Se le atribuye haber seguido las directrices de uno de los presuntos cabecillas de la red, X.X.M.B, y haberse concertado con el que era administrador único de la empresa Gràfiques Grimalt para la fabricación de diverso material de acondicionamiento secundario de medicamentos y etiquetado, tal como cajas, etiquetas adhesivas o estuches.

Además, P.R.G., según el fiscal, controló la calidad durante el proceso de fabricación del material de acondicionamiento y etiquetado.

De este modo, el acusado junto con otros dos investigados residentes en Denia, se encargaba de recibir los principios activos y excipientes de empresas farmacéuticas de República Popular China e India, así como de contratar el cartonaje y envoltorios, que después remitían a los investigados en Málaga,, que los recibían, manipulaban, envasaban y devolvían algunos a los investigados de Denia.

En el juicio anterior, díez acusados de integrar esta red, con sedes en Denia(Alicante), Málaga y Valladolid, fueron también condenados a penas de entre 1 y 2 años de cárcel tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el fiscal.

Este mantuvo su petición de 12 años de cárcel para una de las principales acusadas, M.T.M.P, a la que también se le intervinieron dos kilos de cocaína, y rebajó de 4 a 1 año la que formuló para el culturista J.M.M.B., al considerar acreditado que cometió un delito contra la salud pública, pero que no formaba parte de la organización.

Finalmente, en su sentencia, la Audiencia Nacional absolvió al culturista y condenó a la mujer a 7 años y 4 meses de cárcel por dos delitos contra la salud pública, tras dar por probada la existencia de este grupo, basándose en la confesión de los hechos por parte de los diez acusados que pactaron con Fiscalía.

La investigación comenzó cuando, en 2016, la Sección de Consumo y Medio Ambiente de Guardia Civil recibió un correo de L 'Observatoire des Médicaments de Francia, en el que se comunicaba el hallazgo de diferentes envíos postales con origen en China, tránsito en Francia y destino final España, que contenían sustancias prohibidas en el deporte, expone el escrito de conclusiones provisionales del fiscal.

Los agentes averiguaron que las dos destinatarias en Denia constaban como receptoras en otros envíos procedentes de India y que habían sido intervenidos en el Aeropuerto Madrid-Barajas en 2013 y 2014, conteniendo en ambos casos 100 viales de somatropina. Las pesquisas en torno a estos hallazgos llevaron finalmente a la desarticulación de la red.