El Ayuntamiento de Valladolid, gobernado en coalición por el PP y Vox, ha dado este viernes el primer paso para rebajar la extensión del anterior proyecto de Zona de Bajas Emisiones con la consulta pública que permitirá a la sociedad presentar alegaciones hasta el 15 de septiembre próximo y que será construido "desde cero".

El concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha explicado que se trata de un periodo de alegaciones "más amplio de lo habitual" y que los documentos que acompañarán la futura ordenanza incluirán información sobre los efectos económicos de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

Gutiérrez ha defendido que este trámite de consulta pública aporta seguridad jurídica, aunque ha adelantado la "voluntad del nuevo equipo de Gobierno de proceder a replantear el ámbito de la ZBE con la elaboración de los nuevos informes técnicos que resultan necesarios para culminar la tramitación de la norma".

La implantación de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes es una obligación legal derivada de distintas directrices comunitarias, con el fin de mejorar la calidad del aire en las ciudades, y promover el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, el impulso del cambio modal hacia modos de transporte más sostenibles y la promoción de la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte.

En Valladolid, los documentos aprobados inicialmente fijaban una ZBE de "grandes dimensiones", según el nuevo equipo de gobierno, con una extensión de 3,1 kilómetros cuadrados, "lo que ha provocado incertidumbre en importantes grupos afectados, como comerciantes, hosteleros, estudiantes y ciudadanos del alfoz, entre otros", ha añadido el concejal.